La Guardia Civil se ha incautado de cerca de un millar de envases de medicamentos en una operación contra el tráfico ilícito desarrollada en las provincias de Teruel y de Valencia que se ha saltado con cuatro detenidos, entre ellos una farmacéutica y el gerente de una parafarmacia.
A los detenidos se les imputa un delito contra la salud pública por tráfico ilegal de medicamentos y delitos de falsificación de documento público (recetas) y estafa al Sistema Aragonés de Salud.
Según ha informado el Instituto Armado, las investigaciones de esta operación, denominada "Pharmakon" y llevadas a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada de la Guardia Civil, comenzaron hace tres meses al tener sospechas de la actividad ilícita en la farmacia de Palomar de Arroyos (Teruel).
Fue a raíz de las denuncias presentadas ante la Inspección de Farmacia del Servicio Aragonés de Salud por algunos usuarios informando de que no habían podido retirar en su farmacia habitual la medicación prescrita mediante receta electrónica puesto que ya aparecía como dispensada por la farmacia de Palomar de Arroyos, localidad donde pasaban períodos vacacionales, cuando realmente no la habían retirado.
El pasado 13 de mayo, la Guardia Civil interceptó a una de las personas encargadas del transporte ilícito de medicamentos, que en el momento de la detención trasladaba gran cantidad de envases en el maletero del vehículo.
Los medicamentos salían de la farmacia turolense con destino a una parafarmacia de la localidad valenciana de Enguera.
Posteriormente se detuvo a la titular de la farmacia y se registró la propia farmacia y un domicilio donde fueron localizados e intervenidos cerca de un millar de envases de medicamentos que se encontraban sin cupón precinto, es decir, se habrían facturado al Servicio Aragonés de Salud por la titular de la farmacia y no dispensado a sus pacientes.
Al tiempo que se realizaban los registros en la localidad turolense, componentes del Equipo de Delincuencia Organizada de la Comandancia de Teruel se desplazaron a Enguera para practicar un registro en la parafarmacia que la farmacéutica regentaba junto con su socio, detenido en el momento del transporte.
En este establecimiento se hallaron medicamentos y productos farmacéuticos expuestos para su venta al público, sin el cupón precinto o alterado, careciendo el local de la autorización perceptiva para hacerlo al estar limitada su venta legal en farmacias.
Ante estos hechos fueron detenidas otras dos personas, empleadas de la parafarmacia, encargadas de vender los medicamentos directamente a los consumidores.
Ante la gravedad de los hechos, el 15 de mayo, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel ordenó el cierre temporal de la farmacia de Palomar de Arroyos y de la parafarmacia de Enguera.
A lo largo de la presente semana está previsto que declaren en el juzgado nuevos imputados.
El procedimiento de defraudación consistía, supuestamente, en acceder de forma no consentida e ilícita a la historia farmacoterapéutica de los pacientes y realizar dispensaciones que éstos no habían solicitado y, por tanto, no entregando los medicamentos a los respectivos pacientes.
En otras ocasiones, ante una petición de medicamentos, la farmacia simularía la dispensación de un número mayor.
Finalmente, se facturaban al Servicio de Aragonés de Salud cantidades superiores de medicamentos que los que realmente solicitaban y entregaban a los usuarios que, en algunos casos, no pudieron retirar en su farmacia habitual la medicación que le había sido prescrita con receta electrónica, puesto que ya aparecía como dispensada.
Los detenidos, M.A.A.G. de 46 años y vecina de Palomar de Arroyos, y J.R.B.A., de 55 años, M.T.B.A., de 57, y P.F.G., de 43, vecinos de Enguera, así como los envases incautados, fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Teruel, que el día 15 dictó prisión para dos de los detenidos (la farmacéutica y el gerente de la parafarmacia), que eludieron tras pagar una fianza de 40.000 y 30.000 euros, respectivamente.
En la investigación han colaborado la Guardia Civil, inspectores del Servicio de Farmacia del Servicio Aragonés de Salud y de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios de la Agencia Valenciana de Salud.
