Cuatro de las siete familias que ocupan desde el 2012 un edificio en la calle San José, del barrio zaragozano de Santa Isabel, serán desalojadas a primera hora de la mañana si la Sareb, propietaria del inmueble, no pide al juzgado número 3 que lo ha programado su suspensión.
El concejal de Vivienda, Pablo Híjar, hizo ayer un llamamiento «urgente y a la desesperada» al banco malo para que paralice el desalojo. Al cierre de esta edición, el consistorio no tenía una comunicación oficial sobre su paralización, aunque alguna familia apuntó lo contrario.
Para Híjar la citación de fecha para el desalojo fue una «sorpresa» ya que se trata de un edifico ocupado por siete familias que ya se enfrentaron a esta misma situación el pasado mes de octubre. Entonces, el desahucio se paralizó tras alcanzar un acuerdo con la Sareb para negociar un alquiler social. Según el concejal, «solo faltaba algún fleco por cerrar».
Aunque el desalojo es fruto de una petición iniciada en el 2012 por el anterior propietario del inmueble -que se arruinó con el estallido de la burbuja inmobiliaria-, es el actual el que tiene la competencia para pedir que no se lleve a cabo, explicó el concejal, que hoy se personará en las viviendas para «dialogar con la comisión judicial y representantes jurídicos de Sareb», así como con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), que acudirá al haber menores implicados en el proceso.
«Quiero pensar que se trata de un asunto burocrático y que se ha producido por un problema de la Administración o de dejadez», señaló mostrándose confiado en que no se producirá.
ALTERNATIVAS
El ayuntamiento no dispone de viviendas amuebladas en este momento para poder realojar a las familias con menores a su cargo. Sin embargo, Híjar aseguró que existen alternativas habitacionales y temporales para darles cobijo en caso de que, finalmente, se vean desterrados a la calle, como el albergue municipal con bloques para familias. «Viviendas tenemos, pero no para mañana -por hoy- aunque buscaríamos otras opciones», explicó, mientras se adecentan los pisos sociales que son propiedad municipal.
