Cuatro jefes de sección y de servicio del Ayuntamiento de Zaragoza negaron ayer, en la quinta sesión del juicio popular del caso Becerril que celebra la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que el exteniente de alcalde les ordenara o sugiriera que alteraran expedientes para favorecer a determinadas empresas.

"No condicionó ni dio instrucciones en este expediente ni en otros para modificar las condiciones del baremo", dijo Jesús Giménez, jefe del Servicio de Conservación de Infraestructuras. Corroboraron esa versión Félix Giménez, responsable de Innovación y Desarrollo de Infraestructuras; Enrique Viñuales, encargado de la Sección de Infraestructuras en el 2008, y Javier Mozota, director de Planificación y Desarrollo. "Nunca" le dijo que favoreciera a una empresa, aseguró este último.

Antonio Becerril y los empresarios Carmelo Aured y Juan Carlos Esteban se enfrentan, respectivamente a peticiones de cuatro, dos y un año y medio de prisión por parte de la Fiscalía --también pide inhabilitar 16 años al exconcejal--, que acusa al primero de pasar información al segundo y de intentar favorecer a empresas de sus amigos, entre los que se encuentra el dueño de Áridos y Hormigones Pedrola.

El testimonio de los funcionarios arrojó dudas sobre el presunto "cambio de cromos" entre empresas que Becerril se atribuyó en un conversación con Aured que grabó la Policía durante las pesquisas de la operación Molinos.

CROMOS El exconcejal dijo que para posibilitar que Áridos Pedrola pudiera optar a una contrata en Arcosur tuvo que conceder obras municipales a una constructora. Tras documentar lo que inicialmente fue calificado como baja temeraria, esa empresa ganó el concurso para reformar una calle. Este, sin embargo, fue adjudicado después de que el alcalde, Juan Alberto Belloch, relevara de sus funciones al exconcejal el 22 de abril del 2009, explicaron los testigos.

Varios pinchazos telefónicos evidencian que el 18 de septiembre del 2008 Aured tenía en su poder --o al menos conocía su contenido-- un informe --fechado dos días antes-- de valoración de las ofertas de un concurso al que optaba una constructora de las que hablaba con Becerril, la cual se quedó sin opciones tras presentar cambiadas las propuestas para reformar dos calles.

Los funcionarios dejaron claro que ese tipo de documentos son "de uso interno del ayuntamiento" y que "no puede conocerlo ningún contratista". El papel, no obstante, no fue hallado en poder del muelano.

También explicaron que los pliegos de condiciones de los concursos no son públicos hasta que la licitación sale en un boletín oficial.