A las Comunidades Autónomas de obediencia constitucional, tal que Aragón, les ha sentado como una patada en la boca del estómago la negociación del PP -y del Gobierno de Mariano Rajoy- con el PNV. Cuatro gatos, cinco diputados se han llevado el gato presupuestario al agua, mientras para los demás todo han sido recortes, excusas, aplazamientos o retrasos.

De esa auténtica burla en que se está convirtiendo la España de las Autonomías se han venido riendo otros cuatro gatos, los del cuatro por ciento, los catalanes del muy fenicio Jordi Pujol y ahora del muy simplicio Puigdemont. Su torna política al independentismo les ha repercutido en la carta presupuestaria y en la cartilla de penales, pero durante años, décadas, estos granujas se las han estado llevando crudas de Madrid, tirando del Banco de España, de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero para hacerse su país de cuento de hadas. No una nación entre naciones, como va proclamando el nuevo visionario Pedro Sánchez -¿La Región de Murcia es una nación? ¿Cantabria? ¿Extremadura?- sino una Cataluña con nuevas fronteras y código penal.

Pero el Gobierno de Rajoy, lejos de aprovechar la coyuntura (decadencia de CiU y ETA), para enrasar a las autonomías, y equilibrarlas, las ha vuelto a descompensar privilegiando a ese PNV de Urkullu que no acepta la Constitución ni la España autonómica, que no se sienta con ninguna otra Comunidad y que desde hace años, décadas, va exclusivamente a lo suyo, atesorando, privilegiando a los suyos a cambio de ser mejores chicos que los chicos malos de Otegui. Rajoy, en su inmediatez y falta de visión, ha comprado a precio de oro los votos de un partido, el PNV, que a la inmensa mayoría de los españoles les suena a otra empresa especializada en ofrecer o retirar del mercado el producto del independentismo, jugando con el stockaje de su clientela como han jugado con su inexistente historia, adulterando, eso sí, la de la vecina Navarra, como los pujolistas han pretendido reconstruirse a la medida la historia de la Corona de Aragón.

Una decisión, esta bajada de pantalones del PP, que dará alas a los nacionalismos insolidarios y seguirá dividiendo al país en dos: la España que respeta sus leyes, la más pobre; la España donde hay que hacer respetar la ley, donde más se roba.

Impresentable.