«Ahí empieza mi calamidad». El 17 de agosto es la fecha concreta en la que comenzó este desgraciado episodio en la vida de Jorge Santamaría, un madrileño asentado desde hace muchos años en Zaragoza, que lleva casi cuatro meses sin cobrar su prestación correspondiente por el expediente de regulación temporal de empleo que sufre y que declaró su empresa, Protec and Marti SL, ante la falta más que evidente de productividad como consecuencia de la pandemia del coronavirus.
No obstante, la historia comienza mucho más atrás, al inicio del estado de alarma del mes de marzo. Jorge es una persona con una discapacidad del 67% a causa de una espondilitis anquilosante que ya le ha «fusionado el cuello» y en marzo su empresa le recomendó que al ser una persona de riesgo se cogiera la baja voluntaria: «Una vez que acabara el estado de alarma, me daban el alta y la oportunidad de volver a trabajar». Pero lo peor estaba todavía por llegar y él no lo sabía. «Volví el viernes 14 de agosto, y el lunes 17 de agosto ya no fui a trabajar porque me dijeron que estaba en erte. Y ahí empieza mi calamidad», lamentaba este vecino madrileño asentado en la capital aragonesa.
Los expedientes de regulación temporal de empleo afloran cada día más en las empresas de todo el país que necesitan recurrir a estas medidas de reajuste laboral para evitar el quiebre del negocio. Pero detrás hay muchos trabajadores que necesitan cobrar para poder vivir, y en algunos casos como el de Santamaría no se está produciendo: «El 10 de septiembre no me pagaron ese mes. Entonces hacia el 15 de septiembre contactó con un amigo de Madrid. Me dijo que estuvo mes y medio sin cobrar el erte, y que tenía compañeros que llevaban sin cobrar cinco meses».
Es en este punto, cuando la preocupación va en aumento. «Me empiezo a preocupar de verdad. El 10 de octubre, cuando no cobro, es cuando ya empiezo a contactar con todo el mundo», expresaba Santamaría.
Sin soluciones
Abocado a una situación que no se sostiene económicamente por ningún lado entra en juego el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe). Aunque más bien se trata de una falsa afirmación, porque con el Sepe, según este vecino afectado por la crisis, ha sido imposible de contactar. «Me he intentado poner en contacto con el Sepe con varios teléfonos que tienen disponibles pero no hay forma de hablar con ellos. Enseguida se cortan las llamadas después de que digan que espere a que le atiendan», añadía Santamaría. «Es terrorífico que no te hagan ningún tipo de caso. Hay un apartado de quejas, he dejado como cinco o seis reclamaciones y no me han contestado a ninguna», recalcaba.
Y a medida que pasa el tiempo, la realidad se hace más dura. Sin sueldo, sin prestación por el erte y con una pensión retributiva que apenas alcanza los 395 euros. Jorge se marcha a Valencia porque allí su familia le atiende. «Tengo que ir a Valencia a comer, mi familia me paga la gasolina, y voy a Valencia porque por lo menos allí como. Tengo que vivir con 395 euros de los cuales 370 son para pagar la casa. No me queda nada», explicaba el propio Santamaría.
«Sé que en Valencia no me falta de nada, y por eso me voy. Aquí estoy solo, y emocionalmente y psicológicamente estoy bastante tocado», enfatizaba de nuevo. Asimismo, también ha tratado de acceder a las ayudas que el Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto a disposición de aquellos que lo necesiten para el alquiler por el covid-19.
Eso sí, a pesar de su situación personal, Jorge quiso dejar una cosa clara y es el trato que recibe de su empresa: «Se portan maravillosamente con los trabajadores. A mí personalmente me llegaron a poner una silla con respaldo por mi problema».
