El alcalde accidental de Zaragoza, Alberto Cubero, aseguró ayer que no se han dado avances en la resolución del conflicto por el servicio de atención telefónica del ayuntamiento, el 010, salvo la que cada día es que las 14 trabajadoras sigan prestándolo al ciudadano. Una continuidad que está hoy solo en sus manos, «porque podrían dejar su puesto mañana mismo o ser despedidas por Pyrenalia », y que, en su opinión, si eso sucediera, si se tuviera que dejar de prestar «sería por culpa de la jueza», Concepción Gimeno, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la capital aragonesa, por mantener la suspensión cautelar de la subrogación.

Esta decisión es, a su juicio, la que les impide, además, cobrar, por lo que el 010 sigue funcionando y de forma gratuita para las arcas municipales, porque sobre las retribuciones para estas empleadas no hay novedad. «Si las trabajadoras mañana dicen que van a la huelga o que voluntariamente dejan el servicio, pueden hacerlo. La situación puede abocar a una huelga indefinida o a que sean despedidas», explicó Cubero, quien insistió en que «si este servicio se deja de prestar será por culpa de la jueza, no de este ayuntamiento».

El responsable de Personal del ayuntamiento también explicó que sigue pendiente del informe que ha encargado a los servicios jurídicos para determinar si, en caso de tener que externalizar el contrato, es mejor adjudicar el concurso público que él mismo paralizó en el 2015 o sacarlo de nuevo a licitación, elaborarunos pliegos y buscar en pública concurrencia una nueva empresa que lo preste.

¿Cuál es la opción ideal para el responsable de Personal? «Lo mejor es que se remunicipalice el servicio», así respondió Cubero. Y es que licitar de nuevo retrasaría todo el proceso más tiempo que adjudicar, pero hacerlo supondría admitir un incremento del coste en 100.000 euros.

La externalización es hoy, remarcó Cubero, la «única» posiblidad que le ha dejado la magistrada al haber «agotado ya las vías del derecho a la defensa del ayuntamiento» y dejar su recurso en vía muerta, en un mes «inhábil » para la justicia como es agosto que «ralentiza» la búsqueda de soluciones que permita a las 14 trabajadoras cobrar por la labor realizada.

Una nómina que, aseveró el responsable de Personal municipal, percibirán «al día siguiente» que se pronuncie la jueza sobre qué hacer con las cautelares que ella misma impuso tras la renuncia de la empresa Pyrenalia, a la que estas mujeres siguen perteneciendo. No parece que vaya a variar a corto plazo.