El responsable de la autorización de la apertura de la carpa de la Oktoberfest, en la que resultó herida de gravedad una mujer tras caerse una viga, Alberto Cubero, denunció ayer que el auto dictado por el juez Rafael Lasala tiene una clara «intencionalidad política».

Así de claro y sincero se mostró ayer después de que el magistrado procesara a Cubero por el accidente en la carpa de la cerveza. El concejal de Servicios Públicos declaró que, aunque acaten la decisión judicial, no comparten los pasos que se están dando. Cubero insistió en que la «actuación del Gobierno y de los técnicos fue correcta y acorde a la ley» y recalcó que hasta ahora siempre se habían firmado las autorizaciones siguiendo el mismo procedimiento.

«Lo que siempre ha valido, no vale, y se exigen unos trámites en los que ayuntamiento no estamos en disposición de cumplir», admitió en relación a la falta de ingenieros para acreditar que el montaje es correcto. Una exigencia repentina que está generando -y va a crear- problemas para poder firmar futuras licencias. Para salvar esta brecha, están valorando cómo colaborar entre las diferentes áreas.

Para Cubero, el juicio «no se basará en criterios técnicos, sino políticos». Según el responsable se está «viviendo» un juicio con «mucha intencionalidad política» y, en función de esta apreciación, están planteando su defensa. «La experiencia nos dice que con procesos similares de accidentes de este tipo nunca se ha imputado a técnicos municipales y menos a cargos públicos», sentenció.

Unas acusaciones muy criticadas por el portavoz del PP, Jorge Azcón, que aseguró que «hay que padecer una ceguera sectaria brutal para dudar de esa forma del sistema judicial». Pero para Cubero esta situación engrandece a Zaragoza en Común (ZeC). Según Cubero, el devenir del caso «reafirma» el trabajo que está realizando como Gobierno y, en especial, el área de Servicios Públicos como resultado de la línea política que están llevando a cabo. El concejal explicó que la confrontación generada con grandes empresas está relacionada con la intencionalidad política del caso.

Lasala ve indicios de la responsabilidad del concejal como encargado último de la autorización, y también del jefe del departamento municipal, Enrique Asensio, en cuyo informe se basó el visto bueno. También confirma la presunta culpa del propietario de la carpa, Luis G. S. y el supervisor, Sergio E. F.