Solo el responsable de Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, era capaz de convertir en estupefacción las incógnitas generadas en torno al «culebrón venezolano» del servicio de atención telefónica 010. La renuncia, el pasado 30 de junio, de la contrata que lo gestionaba, Pyrenalia, llevó al Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) a aprobar la continuidad de 14 trabajadoras que, según explicó él, siguen trabajando en el consistorio pese están aún dadas de alta en esta empresa, con la que se ha extinguido el contrato. Por si fuera poco admitirlo, aseguró que este mes le pagará las nóminas con cargo al presupuesto, aunque no aclaró cómo piensa hacerlo.

Se trata de una cuestión crucial y en la que, al parecer, hay mucho en juego. Porque la partida consignada para el pago de este servicio obligaría a abonar el dinero a la propia Pyrenalia, con la que el consistorio ya no tiene relación contractual, no a ellas directamente. Aunque Cubero llegó a decir que haría uso de esa partida durante el debate, pese a que el interventor podría emitir un informe desfavorable y ellas quedarse sin cobrar (otra vez).

Pero la «tentación» de hacerlo con cargo a la partida general, interpretando que son personal laboral de facto, «podría bloquear el pago de las nóminas de los 5.000 funcionarios municipales». Al menos eso advirtió el concejal José Ignacio Senao, ya que Intervención podría impedir esta «irregularidad» alegando que no lo son mientras la jueza no levante las medidas cautelares que anularon, en febrero, la subrogación. «Sería noticia a nivel nacional, algo que, en su caso, le importa muy poco», avisó.

«Al frente de la responsabilidad política hay un irresponsable acostumbrado a saltarse la ley», lamentó Senao, quien le recriminó que «su insolvencia presunta de patrimonio no debe convertirse en la insolvencia en la toma de decisiones». La otra opción, la de pagar con la partida del 010 «sería de 7º de carrera», ironizó.

Para la socialista Marta Aparicio, lo que Cubero en realidad pretende es «hacer un escrache administrativo a la jueza» y obligarla a que levante las medidas cautelares de la subrogación «y apuntarse por fin un éxito». Fraguado, le recordó, «entre sombras y en la penumbra» de un Gobierno celebrado tras el último pleno (el mismo día 30 de junio) ocultando que ese día dejaba Pyrenalia de prestar el servicio.

No dijo nada y tampoco lo hizo cuando sentó en su despacho a PSOE, Ciudadanos y CHA a hablar de la municipalización del servicio de Parques, dos días antes (el 28), día en que la empresa anunció su renuncia. Esa política de hechos consumados que todos le reprocharon.

«Nos lo tapa y luego usted acaba en el juzgado porque se ha saltado la ley», le recriminó Elena Martínez, de Ciudadanos (C’s). Y hasta Leticia Crespo, de CHA, lamentó que siendo una decisión «acertada» la continuidad, «si su bandera era la defensa de los trabajadoras, hoy está a media asta», por la inseguridad jurídica que les ha generado a las auténticas «víctimas», estas 14 mujeres.