La Comisión de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza discurría con aparente normalidad hasta que salió a colación la polémica de las sociedades que ha derivado en una relación «muy rota» entre el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) y el resto de partidos. La sacaba el responsable del área, Alberto Cubero, que sorprendentemente se animó a pedir «disculpas absolutas» a la oposición «por los daños personales» que les haya podido causar el contencioso presentado por su compañero de filas, Pablo Muñoz, que ha derivado en la personación como codemandados de los 22 concejales del PP, PSOE, Ciudadanos (Cs) y Chunta en la causa por petición del juez. «Es un error, es injusto», añadió.
En realidad, lo hacía para intentar «adelgazar el conflicto», que es, a su juicio, la única manera de solucionarlo, instándoles a acudir al consejo de administración del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresa (Imefez) para adjudicar el contrato de 11,49 millones de euros que sigue pendiente de resolución amenazando la subsistencia de estas empresas, sus 80 empleos y el medio millar de jóvenes a los que forman. A cambio, Cubero se ofrecía a pedirle al juez que los ediles dejaran de ser codemandados, con tal de que ellos le ayudaran a «crear bolsas de protección» para casos como este, que quedaran al margen del pulso político.
PREVISIBLE AUSENCIA
Pero horas después, cuando se confirmaba el quinto plante consecutivo y el contrato seguía sin adjudicar por falta de quórum, arremetía contra la oposición. «Una vez más, ha hecho un nuevo ejercicio de irresponsabilidad que bloquea la importante labor que están desarrollando los sociolaborales», valoró Cubero tras la suspensión del consejo de administración. Aunque se anunció una nueva convocatoria, para mañana.
Sin embargo, esta suspensión no podía decirse que fuera inesperada, sobre todo después del enfrentamiento que, una vez más, se vivió con la oposición tras su ofrecimiento y sus disculpas. «Usted pide adelgazar el conflicto y nosotros que lo elimine», le reprochó la concejala Leticia Crespo, de CHA, quien recordó que la forma de atajar los conflictos «no es ir a un juzgado con un acuerdo plenario».
«Es alucinante. No tiene vergüenza. El único culpable de la situación que vive este ayuntamiento es ZeC, que se pasó por el arco del triunfo un acuerdo del 2015 en junta de portavoces», le reprochó la socialista Marta Aparicio, quien le recordó que la personación judicial es su única manera de defenderse, ya que el Gobierno no deja «ni en el pleno, ni en las sociedades ni en el juzgado», y que impugnando su personación no pueden dar su versión al juez. No nos trate como idiotas. No tiene ni idea de derecho procesal».
José Ignacio Senao, del PP, añadió que puede adjudicar el contrato de los sociolaborales llevándolo al pleno, pero no lo hace. Y que esa mano tendida llega tarde. «Haber pensado lo de ir de corderito antes de mandar cartas amenazantes», añadió.
