Una de las conclusiones llamativas a las que llega el informe provisional de la Cámara de Cuentas sobre el presupuesto del 2011 del Ayuntamiento de Zaragoza hace referencia al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de la capital aragonesa con los representantes sindicales en el último pacto convenio, del que dice que acepta algunas concesiones a la plantilla que considera directamente ilegales.

Este es el caso del artículo 24 del pacto que posibilita la promoción profesional, "a través de la antigüedad y la formación, permitiendo acceder al funcionario a un grado de complemento de destino superior". "Se ha comprobado que el 61% de los empleados seleccionados de la muestra tienen un complemento de destino superior al asignado al puesto de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). "Esta previsión carece de cobertura legal, al no ser una materia objeto de la negociación, dado que, hasta que entre en vigor la correspondiente Ley de Función Pública que regule la carrera horizontal de los funcionarios de carrera en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, no puede negociarse la misma", afirma.

"No se ha remitido acuerdo de reconocimiento de aumento de nivel de complemento de destino de 17 empleados de los 40 que tienen en nómina un nivel superior" al de la RPT, añade el órgano fiscalizador.

Además, destacan los auditores que en los complementos de productividad fijo y variable que existen, se ha observado que "no se motiva la asignación" de la misma a los empleados "ni constan reglas". Y que se asignan, en algunos casos, por "el simple hecho de ocupar un determinado puesto de trabajo" y no por sus "especial rendimiento, actividad extraordinaria y el interés e iniciativa" que exige el artículo 5 del Real Decreto 861/1986.

GRATIFICACIONES También subraya la carencia de cobertura legal en el caso de la gratificación que se da al personal en octubre (por quedarse a trabajar en un mes de más actividad por las fiestas del Pilar) en la que se gastaron 258.597 euros. O la que se da por jubilación (76.320 euros), las que se dan anticipada de forma voluntaria (192.621 euros) y por subsidio por minusvalía de hijos o cónyuges (180.253 euros). O los 48.000 euros que se dedicaron a las ayudas sanitarias dentarias, oculares u ortopédicas para funcionarios jubilados.