Alicia Mercedes Huertas Santana fue condenada en el 2018 por negarse a auxiliar a una mujer de 87 años que se acababa de caer en la habitación de una residencia de ancianos de Zaragoza. La jueza le impuso el pago de una multa de 1.800 euros y una indemnización de 6.000 a las hijas de la víctima por los daños morales. En sentencia evitó ir a prisión, pero no haber pagado esas cantidades ha hecho que ahora tenga que ingresar en el centro penitenciario de Zuera.

La magistrada del Juzgado de lo Penal número 7 de la capital aragonesa recuerda que la falta de pago iba a ser sustituida por cinco meses de prisión. Reconoce que la condenada no tiene otros antecedentes penales, si bien critica «que no ha hecho esfuerzo alguno para satisfacer la responsabilidad civil que tiene pendiente de 6.000 eurosy «tampoco se ofrece a abonarla en plazo alguno, limitándose a señalar, cuando se le hizo el requerimiento, que percibe unos ingresos de 697 euros mensuales y que como existe un responsable civil subsidiario, debe ser este el que asuma el pago de dicha responsabilidad».

Añade la jueza que Alicia Mercedes Huertas Santana «en ningún momento ha reconocido su responsabilidad en los hechos enjuiciados». Todo ello es valorado, según resalta en un auto, como «negativamente» y, por lo tanto, rechaza el beneficio de la suspensión ordinaria de la condena impuesta.

Esta mujer fue condenada como autora de un delito de omisión del deber de socorro. La magistrada señaló en su sentencia que «prestar ayuda a quien se encuentra en situación de desamparo y necesidad constituye una de las más palmarias obligaciones de solidaridad entre las personas».

No obstante, entendió que el reproche penal contra la cuidadora del geriátrico debe limitarse a su comportamiento con la anciana, a la que no solo no ayudó a levantarse del suelo, sino que apagó la luz del baño y la dejó sola, lamentándose porque se había roto la cabeza del fémur, sin más ropa que un camisón. A lo largo de esas horas, la empleada entró en los servicios dos veces para reponer artículos que faltaban y pasó por encima de ella sin hacerle ni caso. Para la jueza, todo lo relatado quedó probado por las grabaciones de la residencia Las Rosas y los testimonios de dos empleadas que entraron a trabajar por la mañana.

Lo que para la jueza no quedó claro es la relación entre estos hechos y los problemas físicos que posteriormente sufrió la mujer, que falleció a los 90 años y cuyas hijas reclamaban a través de la abogada Carmen Sánchez Herrero. La residencia, representada por la letrada Ana Guzmán, fue la que denunció los hechos.