Una exempleada de una ortopedia zaragozana sentó ayer en el banquillo a su exjefe, D. B. C., y al técnico de prevención de riesgos laborales que asesoró al comercio, D. C. G., a los que responsabiliza de los dos abortos que sufrió en el 2009 y el 2011. La mujer, y la Fiscalía, les imputan la negligencia de no advertirle de que el pegamento que manipulaba podía causar malformaciones en el feto. Ambas acusaciones les imputan delitos contra los trabajadores y de aborto por imprudencia, y piden un año de cárcel y casi 125.000 euros de indemnización.
La denunciante explicó en el Juzgado de lo Penal número 3 de Zaragoza que trabajaba --habitualmente según ella, esporádicamente según el empresario-- con un pegamento para encolar plantillas ortopédicas en los zapatos, que contenía un 20% de tolueno. Un químico que, según figura en la etiqueta, puede provocar irritaciones y eccemas --que no sufrió-- y malformaciones en el feto.
Precisamente por no leer la etiqueta imputan la imprudencia a D. B. C. El empresario admitió que no leyó, aunque aseguró que no sabía que la mujer estaba encinta. Explicó que contrató "de buena fe" un servicio externo de riesgos laborales, y el técnico no le advirtió de que el pegamento fuera tóxico.
El experto, D. C. G., aseguró que las concentraciones mínimas del tóxico --de un 10% de la cantidad permitida--, pese a la posible falta de ventilación del taller, no hacían necesario ni siquiera el uso de mascarilla. Aunque en su primera valoración usó un criterio "cualitativo", que no obliga a medir las partículas.
Un perito químico aseguró que descartaba que una concentración tan baja pudiese haber causado los abortos. Pero la Fiscalía no le dio validez al basarse en una medición del técnico imputado. La forense, por contra, vio una relación "altamente probable" con la exposición al tolueno. Tras dejar el trabajo, ha tenido dos hijos sanos, explicó ella misma.
