La Consejería de Cultura del Gobierno de Aragón no utilizará la situación de Cataluña para modificar su enfoque del litigio sobre los bienes sacros que Aragón reclama a la Generalitat, tanto los del monasterio de Sijena como los de las parroquias de la parte oriental de Huesca.

«El plan es seguir la vía judicial a la espera de que se actúe», manifestó ayer una fuente del departamento que dirige Mayte Pérez, en referencia a las sucesivas solicitudes a los juzgados para no dilatar más las medidas para que la Generalitat devuelva por fin los bienes que retiene en sus museos.

La misma portavoz de Cultura señaló que no se han tomado otras decisiones una vez que el Gobierno central ha intervenido el máximo órgano de gobierno de la Generalitat y ha puesto al frente del nuevo equipo al aragonés Bermúdez de Castro.

Así pues, Aragón opta por una postura prudente que no se separa de la marcada por los tribunales de justicia. Y ello pese a que la Consejería de Cultura y el Ejecutivo aragonés han urgido al juzgado que lleva el caso de los bienes de Sijena hasta en 11 ocasiones para que envíe a la fuerza pública al Museo Diocesano de Lérida para ampararse de las 44 piezas pendientes de entrega.

Con todo, esta vía presenta una dificultad añadida, pues la jueza titular, Carmen Aznar, solicitó recientemente su traslado a Zaragoza y todavía no ha llegado el magistrado que la sustituirá.

Por otra parte, la DGA recordó que la Administración autonómica «no es parte» en la querella interpuesta contra los exconsejeros Santi Vila y Lluís Puig, una iniciativa que partió del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena por la contumaz negativa de ambos a entregar los bienes que reclama el municipio monegrino.