El párroco de Borja, Florencio Garcés, retiró el pasado viernes la denuncia por estafa que interpuso ante la Guardia Civil el año pasado año y que dio pie a la apertura de una investigación que terminó con la imputación del sacerdote por un delito de abusos sexuales y otro de apropiación indebida.

La investigación se inició a raíz de dos denuncias por estafa que presentó el sacerdote el pasado mes de mayo y noviembre ante la Guardia Civil y que no ratificó ante la juez que investiga el caso, Nieves Pérez, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tarazona.

Fuentes de la defensa del párroco explicaron ayer a Efe que el cura compareció el pasado viernes en el juzgado que investiga el caso, en el que estaba citado para el procedimiento de acciones en las dos denuncias por estafa presentadas contra Santiago Carbonell, uno de los testigos que ha sido clave en la imputación del sacerdote, y contra un tercero.

Según estas fuentes, el cura decidió no ratificar la denuncia presentada ante la Benemérita debido a los "avatares procesales" vividos como consecuencia de las mismas y por el "desgaste" que ha sufrido en los últimos tres meses.

Aunque Garcés no quiso ratificar la denuncia en el juzgado se mantiene en la creencia de la veracidad de lo que había manifestado ante la Guarda Civil contra los dos denunciados, según las mismas fuentes.

Contra el sacerdote, que fue inicialmente imputado de los delitos de abusos sexuales y apropiación indebida de 185.000 euros de los fondos de la parroquia, se mantiene en la actualidad esta segunda imputación después de que Santiago Carbonell tampoco ratificara hace unos días ante la juez Nieves Pérez la denuncia por abusos sexuales contra el sacerdote que había realizado anteriormente ante la Guardia Civil.

La defensa del cura se mantiene a la espera de las decisiones que sobre esta imputación tomen el fiscal y la juez que investigan el caso.

Por su parte, Santiago Carbonell también manifestó cuando retiró la denuncia que mantenía el tenor de sus declaraciones ante la Benemérita, en las que había sostenido que el párroco le obligó a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero.

Por su parte, los miembros del clan gitano Zapato Veloz se desmarcaron desde el principio de una supuesta encerrona al sacerdote en la que, supuestamente, conseguían el cobro de dinero a cambio de no dar publicidad a fotografías comprometedoras del cura con una mujer medio desnuda. Una imagen que nunca ha aparecido pero ha influido en los acontecimientos.