Con gran parte de los consejeros y los diputados aragoneses disfrutando de las vacaciones, es un bueno momento para volver la vista atrás y hacer balance del curso político. La actividad legislativa en las Cortes de Aragón ha dejado doce leyes aprobadas en el periodo entre septiembre del 2016 y junio del 2017. Algunas de ellas tienen un impacto directo, como las destinadas como los servicios sociales, la transparencia y ética pública o los productos agroalimentarios locales. Otras, sin embargo, corresponden a la labor técnica de la cámara, como puedan ser las ampliaciones de crédito o la equiparación a normas estatales.
El debate en el pleno parlamentario para sacar adelante estos textos de ley se ha calculado en más de 40 horas. Eso sin contar el trabajo realizado en comisiones, reuniones y diversos ámbitos. De hecho, en este periodo se ha puesto en marcha un control mediante huella dactilar para evitar escaqueos y picardías. Cada vez que han entrado en el palacio de la Aljafería los diputados han tenido que fichar para justificar sus dietas.
Los grupos presentaron 1.922 enmiendas para modificar en un sentido u otro el articulado de los proyectos y proposiciones. Más de la mitad de estas aportaciones fueron dirigidas a los presupuestos autonómicos, pero también destacan las más de trescientas enmiendas a la ley de ética pública o las 176 a la ley de emergencia social, que refundió un proyecto del Ejecutivo y una proposición de Podemos sobre esta materia.
También han sido objeto de atención durante este último curso político la pobreza energética, las cuentas públicas y su transparencia o los horarios comerciales y días de apertura en festivos.
Desde el punto de vista del impulso al Ejecutivo se han aprobado más de ciento sesenta iniciativas, de las que ciento cuarenta y cuatro han sido proposiciones no de ley y, el resto, mociones. La mayor parte han salido adelante en las comisiones de Sanidad y de Educación. En trámite aún quedan más de doscientas.
Estas doce leyes, junto con la proposición de ley remitida al Congreso por la que se modifica el Código Civil en relación con el estatuto personal y vecindad civil o los decretos que han servido para refundir, respectivamente, los textos de espacios protegidos, ordenación del territorio, turismo y montes, han supuesto un aumento del volumen legislador de la Cámara. Desde el inicio de la IX Legislatura hasta junio del pasado año habían sido un total de siete las normas aprobadas.
