La custodia compartida dejará de ser preferente en Aragón, una de las comunidades pioneras en implantarla, tras la aprobación ayer en las Cortes de la modificación del Código Foral impulsada por los grupos de la izquierda (PSOE, Podemos, CHA e IU), pese al rechazo de PP, PAR y Ciudadanos. A partir de ahora el juez ya no tomará esta cuestión como preferente tras una separación, y además deberá tener en cuenta entre sus criterios para fijar el régimen la dedicación que cada padre haya tenido a los menores durante el periodo de convivencia de la pareja.

Las diputadas de los grupos que apoyaron la iniciativa, Leticia Soria del PSOE, Amparo Bella de Podemos y Patricia Luquin de IU, insistieron en «centrar el debate», que a su juicio «no es entre custodia compartida o individual», sino en el hecho de que aquella sea «impuesta», en palabras de Soria. Sostienen que este «apriorismo», como dijo Bella, condiciona al juez, pese a que la norma ya derogada señalase que la compartida es preferente pero se decidirá siempre «teniendo en cuenta el beneficio del menor».

Así lo reiteró una vez más María Herrero, la principal impulsora en su día de la ley por parte del PAR, que criticó que con «tan escasa mayoría», y de forma «totalmente irresponsable», se haya cambiado la norma. «Si la compartida fuera impuesta no habría un 40% de casos -el 60% siguen siendo para uno de los progenitores-, habría un 99%», consideró.

En la misma línea, Susana Gaspar, de Ciudadanos, consideró que la modificación de ayer es «uno de los mayores errores de la legislatura», y anunció que en la próxima intentarán volver a cambiarla.

Por parte del PP, Fernando Ledesma criticó especialmente la toma en consideración de la atención de los menores durante «un modelo fracasado» de matrimonio. Consideró la propuesta como propia de «un feminismo radical y confrontador».