El acuerdo social para dar una solución a la polémica por el proyecto de embalse de Santaliestra podría dar mañana un primer paso con la elaboración de un borrador de dictamen en la ponencia de obras hidráulicas que debate esta actuación. Dicho texto intentaría cerrar el consenso alrededor de la presa de San Salvador, que tendrían un tamaño mayor del previsto y que se aceleraría al máximo. No obstante, los flecos sobre los procesos judiciales que rodean Santaliestra podrían obstaculizar un acuerdo completo.
La ponencia de obras conflictivas de la Comisión del Agua de Aragón abordó el problema de Santaliestra nada más cerrar el del recrecimiento de Yesa. Tras varias reuniones (que tienen carácter semanal) ha quedado claro que todas las partes del debate coinciden en respaldar la opción de hacer más grande el embalse de San Salvador, que los regantes del Canal de Aragón y Cataluña, beneficiarios de estas obras, siempre han visto como complementario.
UN PUNTO DE ARRANQUE Según fuentes solventes, la citada ponencia tiene intención, salvo imprevistos, de elaborar mañana un borrador de dictamen que pasaría por destacar el consenso en torno a San Salvador y añadir la garantía de que una comisión especial de seguimiento trataría de acelerar al máximo esta obra. Una solución que no puede desagradar a los regantes y que al resto de las partes le parece adecuada. De hecho, ACESA, la sociedad estatal de la Confederación Hidrográfica del Ebro, tendrá 60 millones de euros para ejecutar Santaliestra o la alternativa que se pacte en su lugar, según el compromiso anunciado por el PSOE.
Pero quedará una cuestión fundamental, cuyos detalles podrían cerrarse en las próximas horas: saber qué decisión se adopta respecto a Santaliestra, un proyecto paralizado por los tribunales y sobre el que hay abiertos varios procesos judiciales, incluida una querella criminal contra varios exaltos cargos del Ministerio de Medio Ambiente. La falta de acuerdo sobre este punto podría dar al traste con un amplio consenso en esta polémica. Precisamente, por la existencia de dichos procesos el problema no se reduce a la aceptación o rechazo del embalse.
Si el dictamen prospera, se seguirá el mismo proceso que en el caso de Yesa: deberá aprobarlo la permanente de la Comisión del Agua y después, el pleno. Con el aval de dicho órgano, la propuesta final se trasladaría al Gobierno central en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento del Pacto del Agua, pues es el Estado el responsable último de todas estas actuaciones.
