El principio fundamental que argumenta el informe de alegaciones que ha elaborado el Ayuntamiento de Zaragoza es que la Cámara de Cuentas de Aragón ha utilizado sus propios criterios para medir las cuentas, distintos a los que establecía la legislación de aquel momento. Así, respecto a que el remanente de tesorería del 2011 debería haber sido de 362 millones, que esta afirmación no puede ser aceptada por ser técnicamente incorrecta y no ajustarse a la normativa aplicable.

Las alegaciones también indican que no tuvo en cuenta hechos posteriores al 2011, como la aprobación del plan económico financiero y del de ajuste, que permitió acogerse al de pago a proveedores de 171,5 millones.

Según el consistorio, tampoco tomó en consideración que en la liquidación del presupuesto del 2012 se provisionó el resto de los pendientes de cobro relativos a las enajenaciones de suelo, y se anularon los que no habían sido cobrados en el plazo legal por 17,1 millones.

Respecto a la morosidad, el consistorio argumenta que la cámara hace el cálculo de los períodos medios de pago tomando como referencia la fecha de factura registrada en el SICAZ (ahora Registro Unificado de Facturas), lo que va contra las normas vigentes en el 2011 y a los criterios de la Junta Consultiva de Contratación aragonesa, que computa el plazo a partir del reconocimiento de la obligación.