El decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, Julio Latorre, defendió ayer un nuevo modelo de acceso de los docentes aragoneses a sus puestos, que incluye la contratación en prácticas durante dos años en centros acreditados, en sustitución del actual sistema de concurso público. «El sistema de oposición no satisface las necesidades ni se ajusta las requisitos del puesto, ya que no constata las competencias en el contexto real», aseguró el decano en su intervención en la Comisión Especial de Estudio sobre el Pacto por la Educación celebrada en las Cortes de Aragón.
Además, Latorre reclamó una limitación en las plazas que se ofertan para los profesores porque considera que los 160.000 alumnos de Magisterio que hay en la actualidad en España son «totalmente desproporcionadas».
El decano también defendió la necesidad de revisar la formación inicial que recibe el profesorado y de implementar un sistema de aprendizaje permanente a lo largo de sus distintas etapas profesionales.
En relación con el currículum, el decano apostó por que se fundamente en «aprendizajes básicos como derechos y libertades, tolerancia, la formación para la paz o el medioambiente».
Entre sus propuestas, también destacó la importancia de reinterpretar la enseñanza de los alumnos de 0 a 6 años como una «etapa educativa real» y animó a fomentar la gratuidad de esta servicio como una medida para evitar la «desigualdad».
Otro de los puntos centrales de esta sesión de la comisión fue la comparecencia de la presidenta del Consejo Escolar de Aragón, Carmen Martínez Urtasun, quien explicó el proceso de redacción del documento de partida para lograr la Ley de Educación.
El denominado Pacto Social recoge, en 250 medidas, las inquietudes de 58 representantes del mundo educativo aragonés. «Sentimos este pacto como nuestro», añadió la experta educativa, quien se mostró esperanzada en que este documento permita desarrollar una normativa que incluya a «todas las sensibilidades» de la comunidad.
El texto tiene una extensión de 50 páginas y está dividido en cuatro grandes grupos temáticos: calidad, equidad, participación y planificación. «Se podría haber sacado partido de un texto de las Cortes o más técnico, pero se prefirió halar de un texto social», indicó.
En su intervención, la presidenta Carmen Martínez Urtasun reclamó la creación de una comisión de seguimiento en torno a este documento para conocer cómo se desarrolla el proceso, así como la necesidad de mantener «un compromiso presupuestario» que permita alcanzar estabilidad legislativa en el sistema educativo.
«Es preciso que desde la parte política se llegue a un acuerdo, porque la Educación lo necesita», afirmó.
