El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel ha dejado para los días 21, 22 y 23 de marzo las declaraciones de los investigados y los testigos del caso Pomecia, que instruye la actuación de exalcaldes y técnicos municipales en este barrio de la ciudad.
Así, el juez ha establecido en una providencia las nuevas fechas después de que una urgencia familiar grave de la letrada de la acusación, la titular de los terrenos del barrio, obligara a suspender las declaraciones previstas para ayer y hoy.
El caso investiga la actuación de dirigentes políticos y técnicos en relación con el asentamiento de viviendas irregulares del barrio de Pomecia, después de que la titular de los terrenos, Isabel Gorbe, se haya enfrentado durante años con el ayuntamiento por la vía contenciosa.
La titular de los terrenos presentó hace un año en la Fiscalía General del Estado una denuncia por prevaricación y malversación de caudales públicos contra los responsables del consistorio en los últimos años.
El 21 de marzo declararán los exalcaldes Miguel Ferrer (PAR) y Lucía Gómez (PSOE) en calidad de investigados, después de que el otro exprimer edil, Manuel Blasco (PP), sí lo hiciera el pasado lunes. Cerrará el turno de declaraciones del 21 de marzo el exconcejal de urbanismo del ayuntamiento, Jesús Fuertes(PP) también como investigado.
Quedan fijadas para el 22 de marzo las declaraciones de Antonio Javier Marín, exgerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel y Jesús Ángel Conesa, técnico municipal, ambos como investigados.
Tras ellos, están llamados a declarar como testigos el Intentedente Jefe de la Policía Local de Teruel, Santiago Hernández; y Javier Velasco, exalcalde de Teruel y consejero de Obras Públicas Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón en el periodo 1999-2007.
La última jornada de declaraciones será el 23 de marzo, todos en calidad de testigos, empezando con el arquitecto Alejandro Cañadas, que efectuó el informe que acompaño al recurso de alzada del colectivo gitano que vive en el barrio y que sirvió para anular el decreto de derribo de algunas viviendas del Ayuntamiento de Teruel en 2011.
A continuación declarará Nayibe Flórez, en representación de la mercantil IDOM, empresa encargada de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel.
Por último, está llamado a declarar José Polo Úbeda, representante de la Asociación de Vecinos del Barrio de San Julián y miembro fundador de la Fundación Ollerías Siglo XXI.
