El magistrado del juzgado de Instrucción nº 1 de Teruel ha citado a declarar a los tres ex alcaldes de Teruel denunciados por irregularidades urbanísticas en el barrio de Pomecia a partir del próximo 20 de febrero.

Las declaraciones, informan fuentes judiciales, continuarán hasta el día 23 de febrero.

Para el primer día, el instructor ha citado a los exalcaldes -Manuel Blasco (PP), Miguel Ferrer (PAR) y Lucía Gómez (PSOE), que declararán en calidad de investigados.

Al día siguiente, 21 de febrero de 2017, el juez tomará declaración a los investigados Antonio Javier Marín Jiménez, ex gerente de urbanismo; Jesús Fuertes Jarque, ex concejal de Urbanismo y actualmente todavía concejal en el Ayuntamiento de la capital; y Jesús Ángel Conesa Expósito, técnico del Ayuntamiento.

El día 22 de febrero está previsto que acudan a declarar como testigos Santiago Hernández Luesma, Intendente Jefe Policía Local; Javier Velasco Rodríguez, ex alcalde de Teruel y ex consejero de obras públicas Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón desde 2007; y Alejandro Cañada Peña, arquitecto que efectuó el informe que acompañó al recurso de alzada del colectivo gitano y que sirvió de base para anular el decreto 1574/11 del Ayuntamiento de Teruel.

Y por último, el día 23 de febrero acudirán al juzgado, en calidad de testigos, Nayibe Flórez Bezunartea, en representación de la mercantil IDOM, empresa encargada de la revisión del PGOU de Teruel; y José Polo Úbeda, representante de la Asociación de Vecinos del Barrio de San Julián y miembro fundador de la Fundación Ollerías.

Con estas declaraciones el juez de Teruel retoma el proceso de instrucción después de que la Audiencia Provincial atendiera los recursos de las partes presentados al auto que dictaminaba la remisión del caso al Tribunal Supremo por la condición de aforado de uno de los investigados. Se trata de Manuel Blasco, actualmente diputado en el Congreso.

La denunciante, Isabel Gorbe, ha recurrido a la vía penal acusando a los exalcaldes y técnicos de prevaricación por las decisiones adoptadas en torno al barrio de Pomecia, donde se concentra la mayor parte del colectivo gitano de Teruel.

Gorbe recordaba esta semana en rueda de prensa que el conflicto se remonta a hace 28 años cuando comenzó a presentar denuncias por la ocupación de terrenos de su propiedad, tanto por parte de particulares que edificaban viviendas de manera ilegal como por el propio Ayuntamiento.