La investigación judicial sobre el presunto fraude de las viviendas de protección oficial (VPO) en las urbanizaciones Parque Goya I y Parque Goya II continúa en punto muerto.
En el día de ayer comparecieron, en calidad de imputados, los responsables de una empresa presuntamente implicados en el cobro de sobreprecios en dinero negro. Sin embargo, la imputación que pesaba sobre ellos fue levantada dado que mostraron documentos que acreditan que la compañía hacia la que apuntan las sospechas de fraude no era de su propiedad cuando se destapó el escándalo en el año 2000.
En adelante, el trabajo del Juzgado de Instrucción número 6, del que es titular Natividad Rapún, se centrará en la localización de los antiguos propietarios de la empresa promotora, sobre los que pesa la acusación de haber cobrado sobreprecios entre 6.000 y 24.000 euros.
El juzgado ha interrogado desde noviembre pasado a doscientos compradores de viviendas de protección oficial. De las declaraciones de algunos de ellos se deduce que el precio abonado por determinados pisos era superior al fijado legalmente en dos las ocho promotoras investigadas.
En la toma de declaraciones realizada ayer en el despacho de la juez instructora estuvieron presentes los dos imputados iniciales, su abogado y un letrado de la Diputación General de Aragón (DGA), que se ha personado en la causa.
El Gobierno de Aragón tomó cartas en el asunto en el otoño del año 2002, cuando una serie de compradores denunciaron prácticas abusivas en la venta de viviendas protegidas.
Los servicios técnicos de inspección de la DGA llevaron a cabo una investigación cuyos resultados fueron entregados al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que a su vez ordenó el inicio de diligencias previas para establecer si existía algún tipo de responsabilidad penal.
Al margen del delito de estafa, la práctica de cobrar sobreprecios por viviendas cuyo coste está regulado por ley podría constituir otro delito contra la Hacienda Pública, dado que el dinero entregado de más para la adquisición de las viviendas eludía la tributación.
El precio oficial de las viviendas, situadas en las nuevas zonas de expansión a ambos lados del arranque de la autovía de Huesca, oscilaba entre los 53.000 y los 91.000 euros, en función de sus dimensiones y ubicación. En su mayoría, los pisos incorporan avances técnicos que permiten un mínimo impacto ecológico y un gran ahorro de energía.
