El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegui, consiguió que el pleno del Tribunal Supremo acordara por unanimidad que se repitiera el juicio por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna. La Justicia española había recibido un tirón de orejas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que consideró que la magistrada de la Audiencia Nacional que le condenó no había sido imparcial tras una serie de comentarios durante la vista. Un objetivo que el abogado de Rodrigo Lanza pretende reeditar en su recurso tras la condena de 20 años de prisión por el conocido como crimen de los tirantes en el que fue asesinado, por motivos ideológicos, Víctor Laínez. Fue en diciembre del 2017. De aceptarse, sería la tercera vez puesto que ya tuvo que volverse a enjuiciar tras una condena de 5 años por homicidio imprudente.

El letrado Endika Zuelueta aseguró ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que «está en juego la imparcialidad de los tribunales» y afirmó que la magistrada que presidió el tribunal popular, María José Gil Corredera, fomentó una «predisposición» negativa entre los miembros del jurado, tanto en los comentarios hechos al inicio de la vista cuando Lanza pasó esposado frente al tribunal, como en las interrupciones mientras usaba su derecho a pronunciar la última palabra.

Recordó que la jueza le llegó a decir que «si pudiera se marcharía» en uno de los momentos del juicio, siendo interpelada por el abogado que formulaba protesta y que esta le espetó:«Proteste lo que quiera, seguimos».

Otro momento que en su opinión hizo que la magistrada fomentara una idea en contra de Lanza ante el jurado fue cuando Zulueta pidió que le quitaran las esposas y la magistrada le contestó:«Le voy a quitar las esposas, espero que no pase nada». «Se dirigió a mí para decir que ya había conseguido lo que quería como si fuese mi capricho», lamentó ante el TSJA el defensor de Lanza, quien apuntó a que la jueza añadió que «si no estaba tranquilo se las volvería a poner». «¿Cómo puede decir eso ante un jurado cuando ella es la máxima autoridad en la sala?», se preguntó.

Antes de presentar otros motivos de su recurso, el abogado del antisistema señaló que la jueza interrumpió hasta doce veces al acusado para pedirle que se ciñera a los hechos, sin dejar exponer varias cuestiones referidas a su pareja y a su estancia en prisión. Es por ello que llegó a proponer al TSJA que si se repite el juicio que este se celebre en otra comunidad autónoma. Más allá de este motivo solicitó una disminución de la condena al entender que su cliente no tuvo intención de matar probado que fuera, además, por motivos ideológicos y de odio.

Acusaciones

Todos los representantes de las acusaciones rechazaron los planteamientos hechos por la defensa y valoraron tanto la labor «proactiva» hecha por el jurado para llegar al veredicto que fundamentó la condena por asesinato con agravantes de alevosía y de odio como la de la magistrada presidente del tribunal a la hora de dirigir el juicio.

Así, el fiscal cuestionó que el comportamiento de la magistrada hubiera podido influir en el jurado, y que fueron sus miembros los que llegaron a la conclusión de que si Rodrigo Lanza no tenía intención de matar, sí que fue consciente de que los golpes brutales que le propinó a la víctima mientras estaba inconsciente podrían causarle la muerte (dolo no directo sino eventual). Muy similar fue el argumento de los representantes de la acusación particular, Enrique Trebolle y José Luis Melguizo, que consideraron «impecable» la labor del jurado al concluir que Lanza «era consciente de poder causar la muerte de Laínez y por ello debe de responder». Trebolle no sólo aseguró que el jurado motivó cada una de las 42 preguntas que le fueron planteadas en el veredicto, sino que si le paró en algún momento fue porque hablaba cuestiones ajenas a la causa como sus relaciones de pareja o la situación de las cárceles y de torturas.

Por su parte, el abogado de Vox, David Arranz, incidió en las motivaciones ideológicas del crimen y en los antecedentes del acusado que revelarían "una ideología de ultraizquierda y okupa" y aseveró, a su vez, que el derecho a la última palabra está "tasado" en cuanto al tiempo y al contenido del mismo.

Por último, el letrado del Gobierno aragonés, que se presentó en la vista como actor civil para reclamar el pago de los costes sanitarios de atención a la víctima antes de su muerte, ha pedido la inadmisión del recurso ya que se interpuso fuera de plazo.