La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza volverá a celebrar una vistilla, después de que el abogado defensor de Rodrigo Lanza haya recusado a un número importante de los miembros del jurado popular encargados del caso. Será el próximo viernes y en ella se dilucidará si los aspirantes a impartir justicia popular son aptos o no.

Según fuentes judiciales consultadas por este diario, el letrado Endika Zulueta considera que alguna de esas personas no puede ser imparciales, ya que son conocedoras del caso. De hecho, resalta que alguno de ellos llegó a compartir noticias en las redes sociales como Twitter en las que se titula como el crimen de los tirantes, que es como mediáticamente se conoce la paliza mortal que sufrió Víctor Laínez, en diciembre del 2018 en el bar El Tocadiscos de la capital aragonesa.

Zulueta considera que este aspecto responde a una versión contraria a la que él defiende y que no tendría esos tintes políticos. De hecho, es el mismo argumento de uso de plataformas digitales el que empleó el pasado martes para solicitar la recusación de la forense que le realizó un estudio psicológico.

También se rechaza por parte de este abogado la participación como jurado de un empleado del Salud, argumentando que este departamento dependiente del Gobierno de Aragón participa como actor civil acusando en este caso, ya que solicita que Lanza pague por la atención sanitaria recibida por la víctima.

La Ley del Jurado aprobada en 1995 establece en el artículo 11 en el que regula la prohibición de ser jurado que «nadie podrá formar parte como tribunal popular que conozca de una causa en la que sea acusador particular o privado, actor civil, acusado o tercero responsable civil; tenga parentesco o relación con alguno de los miembros -jueces, abogados, fiscales,...-; haya intervenido en la causa como testigo, perito, fiador o intérprete, o tenga interés, directo o indirecto, en la causa». Es en este último punto en el que Zulueta se basa, según estas mismas fuentes, para rechazar a algunos miembros.

Si se aceptan las condiciones del abogado de Rodrigo Lanza y no se cubrieran las once plazas necesarias para llevar a cabo un tribunal popular, el magistrado presidente José Ruiz Ramo tendría que volver a realizar un nuevo sorteo para completar la lista de candidatos. Los nombres de los mismos, así como un cuestionario que deben de cumplimentar, son entregados a las partes días previos al juicio.