A23 días del decimoséptimo aniversario del accidente del Yak-42, «tras años de procedimientos administrativos y judiciales, la Administración reconoce su responsabilidad» en la tragedia. No es una interpretación periodística, sino una frase textual del informe que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. En realidad, el análisis sobre la responsabilidad patrimonial concluye que no cabe indemnizar a las familias de los 62 militares españoles fallecidos más de lo que ya lo han sido; pero a la vez, les da la razón en una de sus principales reclamaciones históricas: el accidente pudo haberse evitado.

El documento usa un lenguaje enrevesado para este simple concepto: «Han podido constatarse hechos anteriores a la fecha del siniestro, que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente» en este vuelo. «Dicho de otra manera, con carácter ex ante pudieron ser advertidas circunstancias (...) que, tanto individualmente como sobre todo a través de una valoración conjunta, respetuosa con las exigencias ínsitas en los principios de precaución y previsión, habrían llamado a la adopción de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría». Aunque no hubiera responsabilidad penal, recuerda.

El informe sigue incluso más de lo previsible el análisis del Consejo de Estado, cuando admite que el acuerdo firmado entre el Estado Mayor de la Defensa y NAMSA (el organismo de la OTAN encargado de las contrataciones) no excluía la responsabilidad de Defensa en la revisión. Recuerda que el contrato recogía cláusulas cuya «interpretación literal» supone «competencias traducibles en deberes de control y seguimiento».

El documento lamenta que las familias han tenido que soportar que «lo dilatado del procedimiento y los errores» hayan hecho «más intenso el duelo» de las familias de los fallecidos, de quienes ensalza su «patriotismo».

Pero, en cuanto a hechos más concretos, Defensa cierra las sospechas de corrupción sobre el dinero del vuelo, al concluir -como ya dijo Cospedal en el Congreso- que no se llegó a pagar nada por el vuelo, como constató la OTAN el 16 de enero, precisamente el día de su comparecencia.

Y también descarta que se puedan analizar otras subcontrataciones, entre NAMSA y la operadora Chapman Freeborn, porque «a pesar de las nuevas indagaciones», «no se ha logrado obtener más documentación» al respecto.