Los abogados de los acusados en el caso pagarés por la malversación de 8,7 millones de euros en una operación inmobiliaria en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) consideran que todavía hay posibilidad de absolución, a pesar de que el Tribunal Supremo tumbó ayer una de sus principales argumentaciones: que no hubo un delito de malversación de caudales públicos puesto que en el capital social del centro logístico había participación privada.

La defensa del exgerente de Plaza Ricardo García Becerril, el abogado José María Gimeno del Busto, admitió a EL PERIÓDICO que la decisión del Alto Tribunal es un revés, especialmente «por el cambio de criterio». «Cuando solicitamos que no fueran condenados por malversación de caudales públicos, presentamos sentencias del mismo tribunal en los años 2012 y 2014 en los que los magistrados no consideraban que una empresa en la que hay socios públicos y privados se considerara 100% pública», señaló, a la vez que reconoció que «en el momento en el que vimos que se reunía el pleno no jurisdiccional del Supremo, sospechamos que la perspectiva iba a cambiar». No obstante, destacó que más allá de este delito, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza «incurre en varios errores de prueba que son muy importantes».

Como ejemplo, Gimeno del Busto resaltó que el magistrado ponente del fallo «dice todo lo contrario a lo que en realidad aseguró la representación legal de Plaza, quien admitió que aconsejó que el dinero de la operación inmobiliaria se tenía que pagar y lo tenía que hacer la sociedad». «La equivocación es tan garrafal que llega a hablar de abogados, cuando en realidad solo fue uno», apostilló.

OTRO CONDENADO / Por su parte, Juan Carlos Monclús, abogado del exviceconsejero socialista Carlos Escó, afirmó que «hay posibilidades en la exoneración, ya que se basa en el voto particular que hizo el magistrado de la Audiencia de Zaragoza, Alfonso Ballestín». Este juez consideró que el único condenado debería haber sido García Becerril. De hecho, asumió el argumento del exviceconsejero socialista de la DGA, quien apuntó que su labor era solo la de enlace entre la empresa pública y el Gobierno. En el caso del constructor soriano, Ballestín aseveró que «no quebrantó ninguna normal penal por haber cobrado una cantidad que le correspondía».