Cuando llega el viernes las enfermeras que trabajan en la cárcel de Zuera, uno de los tres centros penitenciarios de Aragón, reparten los medicamentos a los internos para todo el fin de semana. Los propios reos se los tienen que administrar. Una situación derivada de la falta de personal sanitario que ha llevado al Ministerio del Interior a pedir a los funcionarios que hagan cacheos a los presos tras descubrir que hay tráfico ilegal de medicamentos y que incluso están detrás de alguna sobredosis. Un problema que la Sociedad Aragonesa de Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses ha trasladado al Justicia de Aragón y este, a su vez, al Defensor del Pueblo por ser esta última institución la que tiene competencias estatales.

INFRACCIÓN / Una forma de actuar que, en opinión del presidente de dicha sociedad, José Carlos Fuertes Rocañín, podría ser constitutiva de una infracción administrativa e incluso penal, máxime si la administración penitenciaria, como así parece, es conocedora de ellas y no da respuesta alguna.

Es por ello que propone realizar un estudio de la población reclusa de cara a analizar las necesidades sanitarias de los reos y darles una atención personalizada. Por ejemplo, destaca que «en las cárceles aragonesas, a fecha de hoy, no existen médicos psiquiatras en la plantilla, cuando, paradójicamente, la morbilidad psiquiátrica en dichos centros es superior al 40% de la generalidad de los reclusos, y llega al 70% si se incluyen en las estadísticas las adicciones a sustancias».

Una situación agravada debido a que solo existen en toda España dos hospitales psiquiátricos especialmente habilitados para recibir y tratar internos que cumplen medidas de seguridad y haber quedado exentos de responsabilidad al habérseles apreciado la eximente de anomalía o enfermedad psiquiátrica. Estos centros están en Sevilla y en Foncalent (Alicante). De ahí que desde la Sociedad Aragonesa de Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses propongan que haya especialistas en psiquiatría dentro de la plantilla sanitaria.

Fuentes de instituciones penitenciarias destacan que la escasez de médicos ha llegado a provocar que sean las enfermeras las que se vean en la situación de tener que llamar al médico por teléfono para saber si seguir suministrando un tratamiento o no a un interno cuando este lo pide, ya que ellas no pueden asumir dicha responsabilidad.

Pero la falta de médicos, enfermeros y auxiliares no solo afecta a la medicación de los reos, sino también a las urgencias. Estas mismas fuentes resaltan que el hecho de que la población reclusa sea elevada como es el caso de Zuera con más de 1.300 internos para cuatro médicos, ya que uno está de baja y otro no hace guardias, provoca que los fines de semana, festivos y las noches no haya facultativos al frente de una emergencia.

Son las enfermeras las que tienen que asumir situaciones como la última cuando un preso, que se encontraba en el módulo de aislamiento, decidió prender fuego su ropa encima del colchón ignífugo de la celda. Por minutos, este hombre salvó su vida. Como explican fuentes del centro, hay que tener en cuenta que los funcionarios de prisiones tienen primero que pertrecharse con todas las medidas de seguridad necesarias para acceder a la celda, lo que conlleva una pérdida de tiempo.

A ello se suma que no había ningún médico, por lo que el preso tuvo que ser estabilizado en un primer momento por una enfermera que a su vez tuvo que llamar a la ambulancia del 061 para que recorriera los 45 kilómetros que separa la cárcel del hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde ingresó. Además, al igual que los centros de salud, las cárceles no tienen suministro de todo tipo de medicamentos ni de material, lo que también va en contra del interno.

REPERCUSIÓN / Los trabajadores de instituciones penitenciarias añaden otra lectura de la necesidad de activar la ambulancia del 061. En el plazo que tarda esa ambulancia en ir a la cárcel, atender al herido y luego evacuarlo a un centro sanitario, esos sanitarios no pueden atender otra urgencia.

Un problema denunciado por enésima vez por sindicatos como Acaip, si bien el Ministerio del Interior sigue desoyendo la reclamación. La esperanza de trabajadores y propios internos se llama Defensor del Pueblo. El tiempo corre en contra de la mejora, puesto que varios de los médicos en activo están ya en edad de jubilación.