El Defensor del Pueblo reclama a las comunidades más programas para la nutrición infantil

Según la Memoria anual del defensor correspondiente a 2013, la institución inició de oficio 32 actuaciones referidas a la evaluación de los problemas de malnutrición infantil y a los planes que pudieran estar aplicándose para atajarlos.

Explica que aunque muchas de las comunidades autónomas han puesto en marcha programas de lucha contra la exclusión social, los menores con problemas de nutrición "precisan medidas rápidas para que esa situación no sea lesiva en su desarrollo físico e intelectual".

"La renta de inserción y otras ayudas generalistas están concebidas como prestaciones genéricas de garantía para el conjunto de una unidad familiar y no aseguran que la alimentación de los menores constituya una prioridad", añade.

El defensor muestra su preocupación por el impacto que está teniendo la crisis sobre las economías familiares y el que puede tener en los niños el cierre de los comedores escolares durante periodos vacacionales.

En el ámbito social, más del 90% de las quejas tramitadas están relacionadas con situaciones de necesidad y exclusión social, con un notable incremento de las dificultades para el acceso a las rentas mínimas; el ámbito sociosanitario, en el que destaca la dependencia y los problemas de las personas con discapacidad, y los asuntos relativos a menores y familias.

Sin embargo, no se admitieron a trámite el 45%, muchas de ellas al no apreciarse indicios de irregularidad administrativa y a que es frecuente que los ciudadanos no remitan los datos precisos para poder analizar la cuestión planteada.

La atención a la dependencia, en un contexto de severas restricciones presupuestarias, absorbe la mayor parte del gasto en servicios sociales generales, expone el Defensor, que alerta de que esta atención no debe constituir la única respuesta que se pueda esperar de las administraciones públicas para la protección de todo tipo de colectivos en situación vulnerable.

"Los defensores del pueblo expresaron su preocupación por las consecuencias prácticas que esta situación implica en cuanto al mantenimiento del sistema público de servicios sociales", señala en el informe.

La aplicación de la gratuidad de los medicamentos para las personas con discapacidad, especialmente dependientes de la prestación farmacéutica, constituye una medida de apoyo imprescindible para estas personas, añade.

Respecto a la dependencia, constata "la incidencia negativa" que está teniendo la aplicación de la ley de dependencia en la prestación de servicios sociales a personas que mantienen cierta autonomía, ya que muchos ayuntamientos y comunidades han dado prioridad a la prestación de servicios a personas dependientes, llegándose a excluir servicios como la teleasistencia.

"Los ciudadanos perciben un deterioro del Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia", indica el defensor en la Memoria, en la que las cuestiones más recurrentes son la demora en la gestión de los expedientes, la falta de una financiación adecuada, la reducción de la cuantía de las prestaciones y el consiguiente incremento en las aportaciones de los beneficiarios al coste de servicios.

El endurecimiento de las valoraciones, las consecuencias del nuevo régimen de incompatibilidades entre prestaciones y las "significativas diferencias" entre comunidades autónomas en cuanto al nivel de protección, son otras de las cuestiones trasladas por los ciudadanos a la Oficina del Defensor del Pueblo.

En la Memoria también pone de manifiesto el hecho de que una persona en situación de dependencia traslade su domicilio de una comunidad autónoma a otra "genera distorsiones a la hora de recibir las prestaciones que tiene reconocidas".

Por otra parte, a juicio de la institución, no parece razonable privar a una persona con discapacidad dependiente de la prestación con la que hace frente a su manutención y vestido, al concederle una ayuda para que un tercero le atienda en su domicilio.