El Defensor del Pueblo se sumó a las instituciones que denuncian la situación de las zonas despobladas, cuyos vecinos tienen dificultades para acceder a los servicios básicos como la sanidad, la educación, la banca o la banda ancha. «La regresión de la población y la dificultad a la hora de acceder a servicios básicos conllevan pobreza y desigualdad», expuso el Defensor del Pueblo, y «no se puede tratar de manera diferente a los ciudadanos según el lugar en el que viven», señaló ayer la institución presidida en funciones por Francisco Fernández Marugán.
El defensor escribió al Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico y a las comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valencia, Extremadura, Galicia y La Rioja para conocer los planes y actuaciones que manejan para afrontar estos problemas, recordando que la UE ordena corregir estas desigualdades.
