La Delegación del Gobierno en Aragón ha acordado dejar sin efecto la propuesta de sanción de hasta 180.000 euros que se abrió contra seis organizaciones juveniles de izquierdas a raíz de una manifestación no autorizada contra la guerra de Irak celebrada el 10 de abril del año 2003 en Zaragoza.
"La decisión de la Delegación del Gobierno nos ha sorprendido mucho, porque el PP no da nunca su brazo a torcer", reconoció Salvador Lou, miembro del Sindicato de Estudiantes, una de las organizaciones contra las que se había iniciado el expediente sancionador.
La resolución de la Delegación gubernamental "no fija ninguna cantidad en concepto de multa --explicó Lou--, pero nos advierte de que, cuando vayamos a organizar una manifestación, lo comuniquemos a las autoridades en tiempo y forma".
El acuerdo que anula de hecho la multa se ha producido varios meses después de que representantes de las entidades apercibidas de sanción mantuvieran una reunión con el delegado del Gobierno en Aragón, Eduardo Ameijide. Al encuentro, que transcurrió "en un ambiente distendido", asistieron miembros del Area de Juventud de IU, la Secretaría de Juventud de CCOO, Unibersidá, Asamblea Universitaria contra la Guerra y Sindicato de Estudiantes de Izquierdas.
La multa dejada sin efecto, y que podía variar entre los 300 y los 30.000 euros para cada una de las entidades convocantes de la manifestación, se propuso por "no cumplir el itinerario fijado por la Delegación del Gobierno", según fuentes de esta institución.
La institución encabezada por Eduardo Ameijide varió el trazado propuesto por los convocantes para que la marcha no coincidiera en horario y recorrido (aunque en sentido opuesto) con otra "previamente comunicada, en tiempo y forma y con idéntico objetivo, por UGT-Aragón".
La Delegación cambió el recorrido para evitar que ambas marchas coincidieran y provocaran problemas de tráfico entre el Paraninfo y la plaza del Pilar.
El incumplimiento de este segundo recorrido dio lugar al inicio de los expedientes sancionadores, según la Delegación del Gobierno aragonesa.
Sin embargo, según fuentes del Sindicato de Estudiantes, sí se han materializado las sanciones económicas de 150 a 301 euros que se impusieron a once manifestantes que se desplazaban en bicicleta, el 1 de marzo del 2003, así como el juicio contra varias personas por supuestos desórdenes públicos en el curso de una concentración antibélica.
