La Delegación del Gobierno en Aragón ha requerido al alcalde de Villanueva de Gállego, según indicó ayer el grupo socialista en un comunicado, para que "en lo sucesivo se cumpla estrictamente" el calendario de plenos, tal y como establece la Ley de Bases de Régimen Local o lo establecido mediante un acuerdo municipal.

Este pronunciamiento de la representación gubernamental en la comunidad se produce en respuesta a unas denuncias interpuestas por el PSOE local por el "incumplimiento reiterado por parte del alcalde" de la periodicidad de las sesiones plenarias. En concreto, los socialistas presentaron quejas por dos reuniones del consistorio que coincidían con el mes de agosto.

En este sentido, el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, sostiene que "la normativa de régimen local no contempla la existencia de meses inhábiles para las diversas actuaciones que corresponde realizar a las entidades locales". Además, considera que, por lo mismo, el hecho de ser agosto "no es causa justificativa de que no se celebraran porque coincidían con un mes en el que la mayoría de los ciudadanos disfruta de sus vacaciones anuales".

Sin embargo, el alcalde de Villanueva de Gállego, Jesús Gayán, de la Federación de los Independientes de Aragón (FIA), replicó ayer que el consistorio cumple el calendario de plenos. "Se debe celebrar una sesión cada 45 días y en el 2013 se celebraron 10, cuando según la normativa habría bastado con ocho", manifestó.

"Además", añadió Gayán, "no se convocó ningún pleno en agosto del 2013 porque no había asuntos que tratar". El alcalde dio a entender que el calendario es flexible y que si, en ocasiones, se dejan pasar más de 45 días entre pleno y pleno, "después se compensa acortando el tiempo de espera entre cada reunión".

Los socialistas critican además al alcalde por no "indicar nada en el informe" que envió sobre esta cuestión a la Delegación del Gobierno, a lo que Gayán responde que, al serle solicitada documentación, él explicó "lo que había". Finalmente, el PSOE, que elogia el comportamiento de la Delegación del Gobierno, acusa a la Dirección General de Administraciones Públicas de "hacer caso omiso" de la queja presentada por su grupo.