Desde el año 2009 hasta el pasado mes de marzo, la Delegación del Gobierno ha enviado 44 requerimientos a las entidades locales por problemas de legalidad con la normativa del Ejecutivo nacional. Hasta que el representante del Estado en la comunidad envió una notificación al Ayuntamiento de Zaragoza su decisión de pagar la parte proporcional de la extra, solo se había producido una notificación en este sentido en Aragón: la del Ayuntamiento de Calatorao.
Y en este caso, los tribunales, en concreto el Contencioso Administrativo número 1 de Zaragoza, dieron la razón al consistorio del municipio zaragozano sobre su decisión. La Abogacía del Estado recurrió esta decisión y se sigue pendiente de la sentencia definitiva.
El mismo camino podría llevar el requerimiento de nulidad que se ha remitido al Ayuntamiento de Zaragoza, ya que tanto el alcalde Belloch como la responsable de Régimen Interior, Lola Ranera, ya han anunciado su intención de no acceder a la petición de la Delegación del Gobierno.
El Ayuntamiento de Zaragoza tiene previsto desembolsar cerca de tres millones de euros para el pago de la parte devengada de la paga extra, como acordó el 13 de marzo del 2013. En este acuerdo, que además fue aprobado en el pleno municipal, se aprobó abonarlo en dos pagos este año, en los próximos meses de mayo y octubre.
REQUERIMIENTO OBLIGATORIO
Fuentes de este organismo indicaron que su misión es velar por que las instituciones cumplen "con la legalidad" y, en consecuencia, el envío de este requerimiento era prácticamente obligatorio para ellos. Sobre todo teniendo en cuenta el papel de Zaragoza como capital de la comunidad y el posible ejemplo que está pudiera dar a otras instituciones locales.
A pesar de que el pago de la extra se ha convertido en una de las principales fuentes de conflicto entre los consistorios y el Estado, lo cierto es que Delegación del Gobierno ha tenido que enviar, desde el 2009 a marzo de este año, un total de 44 requerimientos, una cifra baja si se tiene en cuenta que hay más de mil entidades locales en la comunidad que cada día toman decisiones.
La mayor parte de ellas se corresponde con convocatorias de personal, pruebas, exenciones fiscales o contrataciones, entre otras. Y porque desde Delegación se considera que se vulnera algún tipo de normativa estatal. A pesar de la polémica con la extra, sin embargo, lo cierto es que solo se ha actuado respecto a dos ayuntamientos: el de Calatorao y el de Zaragoza. En este último caso, poco después de un mes de que se hiciera oficial la decisión de abonar la parte proporcional de esta retribución que se suprimió hace dos años.
Desde Delegación, igual que ya sucedió con el consistorio de Calatorao, ya se ha marcado el camino a seguir: "Nuestra única opción es recurrir", indicaron fuentes de la Administración del Estado en la comunidad autónoma.
