El delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernández López, manifestó ayer su total confianza en la legalidad de los métodos policiales para identificar a los participantes en la concentración del 13-M ante la sede del PP. Asimismo, calificó de "procedimiento escrupuloso" la actuación del juez que ha abierto diligencias por estos hechos, Carlos Lasala.

Fernández López mantuvo ayer una reunión con el coordinador de Izquierda Unida en Aragón (IU), Adolfo Barrena, y otros dirigentes de esta formación, que le expresaron sus dudas sobre las diligencias seguidas para identificar a las personas que han sido llamadas a declarar. De los 31 afectados, la Policía no pidió identificación en el lugar de los hechos a 11, tres de ellos militantes o dirigentes de IU.

El delegado manifestó tras la reunión que no podía a entrar a valorar los métodos seguidos por la Policía en este caso y que confía en que se detallen en las diligencias que se están instruyendo.

"La Policía se ha limitado a aportar las medidas de prueba que le ha solicitado el juez instructor en el cumplimiento de sus funciones. No creo que haya ninguna irregularidad y tampoco en la existencia de archivos secretos que eran propios de otras épocas", explicó.

En su opinión, la actuación del instructor se ha atenido a la estricta legalidad tras la denuncia recibida, "con independencia de que se pueda coincidir o no con sus criterios".

Barreda, por su parte, tampoco cuestionó la actuación judicial, pero insistió en conocer el mecanismo utilizado por la Policía para identificar a algunas de las personas implicadas. "Queremos asegurarnos de no hay comportamientos no ajustados a derecho", dijo.

DISCULPAS En relación con la petición de disculpas realizada por el presidente del PP en Aragón, Gustavo Alcalde, Barreda señaló que desconocía "de qué había que pedir disculpas. No tengo constancia de ningún agravio, pero, si la tuviera, no habría reparos en disculparme".

Con posterioridad a esta rueda de prensa, miembros de la Asamblea de Autoinculpados por las Concentraciones del 13-M mantuvieron un encuentro con la prensa ante la puerta de los juzgados, en el que se leyó un comunicado.

Los autoinculpados, que ascienden a 400 según fuentes de la Asamblea, denunciaron que el procedimiento judicial abierto por las concentraciones de la víspera electoral ante la sede del PP en Zaragoza se enmarca en "el recorte de derechos civiles" y en una "progresiva criminalización de los movimientos sociales".

Según el escrito, "fueron las mentiras con las que el Gobierno del PP gestionó la información las que nos hicieron salir a la calle a exigir la verdad". Sobre las citaciones policiales, añade que la identificación realizada por la Brigada de Información ha sido posible "gracias a unos ficheros políticos ilegales, en los que se recoge esencialmente la actividad política de la sociedad civil".