El sistema de la Seguridad Social tiene un problema que va más allá de la falta de cotizantes y es la proliferación de empresas ficticias. Con ellas se consigue la obtención de subsidios por desempleo o la regularización fraudulenta de extranjeros. Hace escasos días se juzgó a una veintena de personas -más de 14 años de prisión en total- por un fraude de casi 200.000 euros. Próximamente, en el mismo banquillo de la Audiencia de Zaragoza volverá a juzgarse un caso de similares características, si bien el número de acusados será el doble. La novedad que descubrió la Policía Nacional, a partir de este caso, es que a los tradicionales perfiles de acusados se añaden presos que buscan conseguir permisos de tercer grado gracias a estas sociedades irregulares.

La investigación en la que descubrieron a estos cuatro internos del centro penitenciario de Zuera comenzó en marzo del 2015. Tuvo su origen a partir de una inspección de trabajo que la Seguridad Social realizó a la empresa Luz y Gas Blasco y en la que pudo observarse que había actuado «ficticiamente con respecto a las relaciones laborales creadas, que fueron declaradas simuladas». Esta sociedad se había creado en junio del 2013 siendo socio y administrador único Mario Oliván Blasco (condenado a 4 años de prisión por otro fraude con el mismo modus operandi). Esta empresa, según la investigación policial, generó una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social, por impago de cuotas, de 56.472,33 euros en concepto de crédito incobrable. Le impusieron una sanción, no firme, de 68.761 euros.

Desempleo

Con Luz y Gas Blasco dio de alta en el régimen de la Seguridad Social a 26 trabajadores distintos. Trece de ellos accedieron fraudulentamente a prestaciones por desempleo por importe total de 3.735,5 euros.

Junto a Oliván Blasco, los investigadores observaron que su mano derecha, Joaquín G. F., aparte de estar en dicha sociedad aparecía como «autorizado» en ocho empresas más, todas ellas ficticias. E-29 Construcciones Integrales SL, Montajes Metálicos 2014, Moncayo Inversiones Agrícolas SL, Silvicultura y Maderas Vicor SL, Empresas de Alimentación La Casita SL, Suministros Integrales César Augusta SL, Moncayo Proyectos y Construcciones SL y Embalajes Ecológicos Cesaraugusta SL. Todas fueron creadas entre el año 2009 y el 2014, la mayoría por un corto periodo de tiempo.

Al frente de toda estructura resaltan Mario Oliván Blasco, su socio Joaquín G. F., su hermano Samuel G. F., Jaime P. B., Félix C. M. Pedro Pablo S. S., Joaquín S. D. y José Luis I. R. El modus operandi consistía, según la Policía, en que captaban personas «diferentes estratos sociales, algunas de las cuales se encontraban en precaria situación económica y/o en desempleo, y les ofertaban los contratos de trabajo que en ningún caso amparaban una relación laboral efectiva, tramitándoles el alta en el régimen de la Seguridad Social, a veces, a cambio de dinero con el que se lucraban».

Condenas

Una vez que los trabajadores reunían los mínimos periodos de carencia eran dados de baja y se les facilitaban los documentos necesarios para presentarlos en el Servicio Público Estatal (SEPE), obteniendo de esta forma fraudulentas prestaciones o subsidios por desempleo. Alguno de ellos también empleaban los papeles para ir a la Oficina única de Extranjeros de cara a la concesión de permiso. Con esta práctica, la Policía Nacional estima que el fraude asciende a 413.220,70 euros

En esta práctica la Fiscalía Provincial de Zaragoza observa que los 41 acusados han cometido un delito continuado de falsificación de documento oficial. Las penas que solicita van ente los cinco años de cárcel y los dos años. Junto a la multa de 2 millones de euros que deberán pagar de forma subsidiaria, además de devolver los 413.220, 70 euros, el ministerio público pide que ninguno de los procesados, de ser condenados, «puedan obtener subvenciones y el derecho a gozar beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante ocho años».