Con los paros parciales iniciados el pasado viernes en el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad, el conflicto laboral abierto entre la dirección y el comité de empresa de FCC Parques y Jardines ayer dio un paso más al judicializarse el problema. Los representantes sindicales, tal y como habían anunciado la semana pasada interpusieron ayer una demanda en el juzgado por la "la modificación e inaplicación del pacto laboral" al llevar a cabo una rebaja salarial del 21% de forma unilateral y sin previo aviso, y por "aniquilar de un plumazo todos los derechos adquiridos por la plantilla en los últimos 25 años".

Ahora el conflicto ya está en la calle y en los tribunales, y el Gobierno municipal mantiene su posición de no intervenir. Ni siquiera para cumplir con el mandato del pleno, en el que se aprobó por unanimidad la elaboración de un informe de evaluación sobre el grado de cumplimiento que se está realizando por parte de la contrata del pliego de condiciones por el que se le adjudicó el contrato, y del que todavía nada se sabe. Y eso que el plazo expiraba el pasado viernes, como denunció ayer el PP en boca de su concejal Jorge Azcón.

"Lo último que necesitan los parques de esta ciudad es una nueva huelga que haga que estén peor de lo que ya están", señaló el edil conservador, quien opinó que un factor clave en esta situación, como ya hizo en el pasado pleno, es ese informe. Pero más que para indagar en la posible rescisión del contrato, como pide IU, para evidenciar que era cierto lo que el PP advirtió que sucedería ya antes de adjudicárselo a FCC: que con un presupuesto de diez millones o llevaría despidos o una rebaja salarial. Porque se rebajaba "un 30%" el coste de 13,7 millones que hasta ahora tenía este servicio para el consistorio. De manera que el conflicto actual "era evidente que sucedería", reiteró Jorge Azcón.

Mientras, sobre la posibilidad de rescindir el contrato, el edil popular también avisó de que "si se rescinde un contrato adjudicado hace tres meses, alguien debería dimitir".

Pero los trabajadores afirmaron ayer que seguirán con su calendario de movilizaciones, con un conflicto que al judicializarlo se recrudece más. Ahora trasladarán posibles "incumplimientos" al servicio de Parques y al Observatorio de la Contratación, para que actúen.