Las familias de los militares muertos en el accidente del Yak-42, ocurrido el 26 de mayo del 2003 en Trabzon (Turquía), presentarán una demanda en los Juzgados de Primera Instancia de Zaragoza contra la empresa que contrató el avión siniestrado, por la que exigen más de 60 millones de euros. 59 allegados de las 62 víctimas se han unido contra Chapman Freeborn, al entender que es igual de responsable que UM Air, la compañía aérea ucraniana propietaria del aparato y contra la que ya existe una demanda en curso en el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de la capital aragonesa. En principio, la nueva reclamación se interpondría a comienzos de la semana que viene.

Según pudo saber este periódico, el objetivo es ampliar la demanda existente contra UM Air a Chapman Freeborn, al entender los letrados de las víctimas que como contratista principal y en virtud del Convenio de Guadalajara (Méjico) tiene la misma responsabilidad que la empresa ucraniana. El Ministerio de Defensa firmó un contrato con la agencia de la OTAN Namsa, que a su vez subcontrató a Chapman Freeborn para que organizara el vuelo (como solía hacer en muchas ocasiones para la Alianza Atlántica) y se encargara, a su vez, de adquirir los servicios de una compañía aérea. A través de otras dos subcontratas, Chapman Freeborn recurrió a UM Air.

De esta manera, se pretenden acumular las causas y que se condene a Chapman Freeborn como responsable solidaria. Los conceptos y las cuantías son las mismas que figuraban en la demanda contra UM Air y se refieren al daño moral causado, al daño de afección, al económico, al psicológico y al material. Entre los demandantes figuran tanto miembros de la Asociación de Familiares del Yak-42 como afectados que no pertenecen al colectivo.

Los representantes legales entienden que Chapman Freeborn ha cometido un incumplimiento "flagrante" del contrato, ya que a su juicio no se molestó en comprobar si la empresa propietaria del avión cumplía con los requisitos establecidos en el acuerdo. Por ejemplo, el aparato no contaba con el sistema de alerta obligatorio según el Convenio de Chicago, que regulaba las relaciones entre Defensa y Namsa.

Como es probable que la reclamación no recaiga en el mismo juzgado, los abogados prevén pedir la acumulación al titular que lleva el caso contra UM Air, que al igual que el segundo juez debería secundar la decisión. También solicitarán la suspensión de la vista del juicio contra la compañía ucraniana, previsto para el 11 de enero, ya que el procedimiento para la acumulación se demoraría más allá de esa fecha.