La demanda del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) que presta el Ayuntamiento de Zaragoza creció el año pasado un 16,8% pese a las bajas que se produjeron durante los meses de confinamiento residencial. Se trata de una herramienta pensada para cubrir las necesidades de la población mayor y dependiente que generó cierto rechazo en la primera oleada del covid-19 ya que las atenciones que se realizan son presenciales, en el hogar, y muchas las familias renunciaron a estos servicios por el miedo al contagio.
El consistorio tuvo que intensificar todos los programas sociales y, especialmente, los vinculados con los mayores, que requerían de ayuda externa para cubrir sus necesidades básicas, como la compra o la limpieza del hogar.
Según los datos facilitados por el área de Acción Social, el año pasado comenzó con 7.110 usuarios y lo terminó con 8.307, de los que el 19% son dependientes y el resto, un 81%, preventivos, es decir, personas que son autónomas aunque tienen ciertas limitaciones por su avanzada edad.
El miedo al contagio y la falta de material de protección durante los primeros meses provocó un elevado número de bajas en el servicio. En abril, solo un mes después de que se declarara el estado de alarma y se decretase el confinamiento, la mitad de los usuarios se habían dado de baja y en apenas un mes se pasó de los 6.765 usuarios a poco más de 3.200.
Pese a la renuncia, el consistorio mantuvo la atención telefónica haciendo ronda de llamadas con antiguos usuarios, muchos de los cuales se habían trasladado a las viviendas de familiares para sobrellevar la cuarentena.
Miedo al contagio
La desconfianza que causó el covid ha logrado salvarse con el paso de los meses y el balance definitivo del servicio ha sido positivo, con un 16,8%% de usuarios nuevos. Esto evidencia que el miedo al contagio se ha ido mitigando. No ha sido una tarea fácil y el ayuntamiento ha trabajado para incentivar su prestación «con todas las garantías sanitarias, para ayudar a la población más vulnerable», explican desde la concejalía que dirige Ángel Lorén.
El incremento se ha producido especialmente en el llamado SAD preventivo, el que está dirigido a los mayores, con un aumento del 24%. Si en enero del 2020 había 5.570 usuarios, en diciembre el número se elevó hasta los 6.943.
Mientras que el SAD preventivo lo sufraga el consistorio, es el Gobierno de Aragón, a través de una encomienda de gestión, el que se encarga de financiar la atención de las personas con dependencia. En este caso la demanda ha descendido, pasando de 1.540 usuarios a 1.364.
El servicio lo prestan desde el 1 de enero tres nuevas contratas, Arquisocial, Sanivida y People Plus Innovation tras «un complejo proceso de regularización de este contrato» dado que llevaba caducado desde el 2016. Se trata del servicio mas voluminoso del área con un coste de 87 millones de euros y un papel muy importante ya que consiste en la prestación de una serie de atenciones y cuidados de carácter personal, doméstico y psicosocial a los individuos y unidades de convivencia en el hogar cuando sus residentes hallan en situaciones en las que no sea posible la realización de sus actividades habituales, así como de apoyo a sus cuidadores.
Para poder acceder al SAD es obligatorio que la persona que precisa del servicio esté empadronada, tenga más de 65 años y reducida su autonomía para la realización de las actividades cotidianas.
Por otro lado, el consistorio también intensificó el reparto de las comidas de domicilio tras al cierre de los centros de mayores y el inicio del confinamiento. El 2020 terminó con 316.714 raciones distribuidas en los hogares de todos aquellos que lo solicitaron. En este caso la demanda se disparó, pasando de los 600 usuarios que tenía a principios del año a los 1.767. De esto, 649 se atendían ya a través del convenio de colaboración con la Fundación La Caridad, pero en marzo se tuvo que ampliar su cobertura.
