La exhumación de los restos de dos hermanos de Villarroya de la Sierra fusilados en Calatayud durante la guerra civil y enterrados sin el conocimiento de su familia en el Valle de los Caídos sigue paralizada por la negativa de una de las partes a ejecutar la sentencia. Pero los descendientes de los represaliados han presentado una demanda contra el administrador religioso del recinto, el prior Santiago Cantera Montenegro, por la supuesta comisión de un delito de atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos y de resistencia y desobediencia.
La denuncia, que gestiona el abogado Eduardo Ranz, está también amparada por los familiares de otras once personas cuyos restos mortales se encuentran en el recinto, habiendo sido reconocido por Patrimonio Nacional su derecho a exhumar, así como resuelto que se trata de una sepultura de cementerio público, y no religioso.
Los familiares de los hermanos Lapeña exigen además que se obligue al prior a disculparse cristianamente y civilmente con las víctimas del franquismo y también que sea condenado a realizar trabajos de exhumación a pie de fosa. Entre las medidas de reparación que sugieren se incluye igualmente el trámite de entrevistarse con familias víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista así como sea condenado a estar presente en una entrega de restos mortales a las familias represaliadas.
La nieta y sobrina nieta de Manuel y Ramiro Lapeña, María Purificación Lapeña Garrido, ha lamentado en muchas ocasiones el retraso que se está produciendo en el cumplimiento de la sentencia y el riesgo que existe de que el hijo de uno de los fusilados, todavía con vida, muera antes de que se produzca una reparación. Por el momento se está a la espera de unos informes técnicos.
patrimonio nacional / El letrado que ha amparado la denuncia recordó que en el año 2016 ya se obtuvo la primera sentencia judicial que cuestiona la legalidad del franquismo y que con fecha del 9 de marzo del 2017 se emitió una resolución de Patrimonio Nacional dirigida a la abadía benedictina para que se procediera a la exhumación de los cuerpos. Sin embargo, esta ejecución nunca se ha producido. «Lo mismo que ocurre en Cataluña, ocurre en el Valle de los Caídos, una ley que no se cumple, una sentencia que no se ejecuta, con la diferencia que unos están en la cárcel, y otros en misa», ironizó.
En los últimos cinco años el caso de los hermanos Lapeña ha sido visto por un juzgado de instrucción de San Lorenzo del Escorial (Madrid), la Audiencia Provincial de Madrid, el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros. También se está estudiando en la ONU. «Los familiares ya tienen reconocido su derecho judicial a exhumar, ahora falta liberarles de su secuestro en un momento en que el asesino preside a los asesinados», indicó Ranz.
