El incumplimiento de la ley de memoria histórica por parte del Ayuntamiento de Zaragoza ha acabado por llegar al juzgado. La Asociación Memorialista Ranz Orosas (AMRO) presentó el pasado jueves un recurso contencioso administrativo contra el consistorio por no haber elaborado todavía el catálogo de vestigios franquistas al que obliga la citada ley estatal, que fue aprobada en el 2007. Doce años después de su entrada en vigor, la capital aragonesa también sigue albergando placas, cruces o calles dedicadas a cargos públicos que pertenecieron a la dictadura.

«Mantener la simbología que nació al calor de una dictadura extremadamente violenta y cuya permanencia nos aleja del europeísmo, del feminismo y de la dignidad social, refleja la vuelta a otros tiempos, y hace fundamental la actuación judicial», subraya el abogado memorialista Eduardo Ranz, que lamenta la «inacción municipal» en este sentido.

Hay que recordar que la ley estatal obliga a las administraciones públicas a tomar «las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura». Zaragoza ha dado un paso de gigante en esta materia durante los últimos años -es una de las ciudades más avanzadas en este campo-, pero aún le queda trabajo por hacer.

No hay más que darse una vuelta por la capital aragonesa para comprobarlo. El yugo y las flechas se mantienen en los edificios del Instituto de la Vivienda o en los pisos sindicales de Torrero o Las Fuentes, una placa pide una oración a los mártires en la plaza Santa Cruz y los nombres de cargos franquistas siguen en algunas calles.

CAMBIOS PARALIZADOS

El pasado abril, la asociación AMRO ya registró en el ayuntamiento una petición en este sentido, pero ni el equipo de gobierno de ZeC, que estaba casi en la rampa de salida, ni el del PP y Ciudadanos se han puesto manos a la obra. Por todo ello, la entidad ha decidido pasar a la acción. «La falta de voluntad en democratizar las calles de Zaragoza es manifiesta», lamenta Ranz.

Se da la circunstancia, además, de que el actual equipo de gobierno PP-Cs decidió paralizar la pasada semana el cambio de nombre de ocho calles de la ciudad, cuyo procedimiento había iniciado el anterior consistorio de ZeC en marzo.

Según alega la coalición de centro derecha, el acuerdo «no está suficientemente fundado» porque «el expediente carece de informes técnico-históricos sobre la idoneidad del cambio de nombre propuesto». Así, asegura que debe crearse una comisión técnica con este fin y ya ha iniciado el expediente para formarla.

«Es difícil tomar decisiones sobre la retirada de los vestigios si antes no se determina qué es lo que se va a retirar», apunta en este sentido Ranz, quien lamenta que las placas con los yugos no están incluidas en este cambio.

Según la Ley de Memoria Democrática de Aragón, que entró en vigor este año, los ayuntamientos que no eliminen esos vestigios antes del próximo 22 de agosto no podrán recibir «subvenciones y ayudas públicas» de la comunidad.