Si no es una trama de intriga se le parece mucho. El enésimo capítulo sobre la polémica en la Iglesia de Zaragoza ha saltado y, esta vez, en forma de denuncia ante un juzgado de la capital. Los firmantes de la misma son tres empleados del arzobispado --la notaria y dos sacerdotes-- que declararon en contra de Manuel Ureña en el Vaticano y que posteriormente fueron purgados por su sustituto en la prelatura, Vicente Jiménez. Lo curioso es que en el relato de hechos aportado al juzgado sitúan detrás de este cese, disfrazado de renuncia, al recientemente nombrado arzobispo de Barcelona, Juan José Omella y a dos miembros de la curia: al actual embajador de la Santa Sede en la FAO, Fernando Chica, y al jesuita y asesor del Papa Germán Arana.

INNOMINADA

La denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, no está dirigida a nadie en concreto ya que solo tiene como finalidad --dicen-- "que los autores de los hechos delictivos (...) afronten sus responsabilidades". Pero solicitan al juzgado que investigue hasta un total de nueve delitos que supuestamente se habrían cometido o no se habrían atajado desde el gobierno de la sede episcopal: amenazas, coacciones y contra la integridad moral, abuso sexual, abuso sexual contra menores de 16 años, exhibicionismo y provocación sexual, administración desleal, apropiación indebida, corrupción en los negocios y blanqueo de capitales.

Se trata de una vuelta de tuerca más a los episodios vividos en la diócesis zaragozana tras la sorpresiva renuncia del arzobispo Manuel Ureña. A raíz de este anuncio se destapó el presunto pago de más de 60.000 euros (casi 100.000, según algunas fuentes) al diácono de Épila por su secularización, se apartó al párroco de este municipio y se inició una guerra de anónimos enviados a medios de comunicación e instituciones en los que se denunciaba la existencia de un lobi gay en la diócesis, se narraban episodios de malversación de dinero así como una serie de actitudes no acordes "con la moral" cristiana.

En la cadena de reacciones, el nuevo arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, cesó a la notaria del Tribunal Interdiocesano, María del Carmen Amador. El vicario judicial del Tribunal Interdiocesano de 1ª Instancia, Roberto Ferrer, que ejercía de superior jerárquico de la anterior, y el profesor del Centro de Estudios Teológicos de Aragón (CRETA) Antonio Mas presentaron su renuncia en desacuerdo con el despido. Después vendrían cambios en el equipo directivo del seminario metropolitano y en alguna vicaría.

Los tres purgados y denunciantes ante el juzgado civil reconocieron en una carta que habían declarado contra Ureña, aunque no aportaron más datos.

Ahora aseguran que actuaron porque "fueron requeridos" por Fernando Chica, el padre Germán Arana y monseñor Omella "para informar sobre los hechos que desembocaron en la renuncia de conveniencia" de Ureña. Y añaden que estos informes se unieron a otros aportados previamente por el también arzobispo emérito Elías Yanes al que, algunas fuentes eclesiásticas, siempre han situado como iniciador de todo el proceso. Chica, con el que le une amistad, era entonces jefe de la sección española de la Secretaría de Estado de la Santa Sede; Omella, que fue su obispo auxiliar durante varios años, estaba al frente de la diócesis de Calahorra y La Calzada pero, apenas unos días antes del desalojo de Ureña del palacio arzobispal, fue nombrado miembro de la Congregación para los Obispos del Vaticano y Arana había sido rector de la Universidad Gregoriana de Roma y es asesor del Papa.

El cuerpo de la denuncia consta de varios apartados entre los que destaca una minuciosa serie de acontecimientos --con precisión de horarios que pueden ser cotejados con cámaras de seguridad--, un listado de personas y cargos con el que seguir el relato, "notas al juzgado" y una treintena de anexos, en los que se incluyen documentos, conversaciones privadas por Messenger, testimonios, cartas, informaciones periodísticas...

DEFRAUDADOS

Los denunciantes reconocen que después de "colaborar y declarar" en el expediente contra Ureña, tal y como les habían requerido, se sienten defraudados por que "en vez de premiar la colaboración" quitaron de en medio "a los que pueden descubrir la corrupción en la Iglesia", es decir a ellos.

En el texto van más allá y cuando se refieren a la gestión económica de la diócesis apuntan la posibilidad de que pueda haber implicados funcionarios y administraciones públicas.