María (nombre supuesto) es una zaragozana que fue víctima de continuas agresiones físicas por parte de su expareja durante sus dos años de convivencia. No denunciaba porque estaba convencida de que "la tonta era ella". Por ejemplo, tenía la culpa de que lo despidieran, porque "le ponía nervioso".

Solo se atrevió a denunciar cuando su hija de 13 meses se vio involucrada y tomó una decisión. "Denuncié cuando asumí que tenía que morir para que mi hija viviera", narra con sorprendente tranquilidad.

A su hija le estudiaron un posible autismo, entre otros síntomas porque se golpeaba y se reía. Al parecer, estaba acostumbrada. Su padre reconoció, ante un juez que la agredía. Es uno de los pocos casos en el que han retirado la patria potestad.

Precisamente por el bienestar de la niña, María se negó a seguir llevando a trabajar a su marido, lo que le obligaba a levantar a la pequeña a las 6.00 horas. La volvió a agredir y fue al hospital. Afortunadamente, allí la retuvieron y avisaron a la Policía. Hoy, su expareja ha vuelto a su país natal, con la pena por 17 delitos de violencia de género --y otras, como la violación a otra mujer-- conmutada por diez años de expulsión. Aún así, la llama avisándola de que un amigo suyo irá a darle "un regalo".

María enumera con frialdad las violaciones continuas; cuando le tiró un armario encima porque él quería un hijo, no una hija; las operaciones de labio, del tabique nasal o del brazo; cuando la arrastró del pelo por toda una escalera para que le lavase un pantalón. "Podría contar mil", explica.

Admite que, antes de vivir juntos, él le dio "pistas", pero la gente se lo quitaba de la cabeza. "Me llamaba 17 veces mientras estaba haciéndome un masaje, y yo comentaba a las amigas que me agobiaba. Pero ellas me decían 'qué suerte, ojala mi marido estuviera tan pendiente de mí'". Ante su familia era "sutil. Decía que nos fuéramos a casa porque yo tenía que estar cansada, pero yo sabía que si no nos íbamos ya, tocaba paliza".

María intenta crear una asociación para que la ley facilite la retirada de la patria potestad y el alejamiento de los menores de sus maltratadores.