Entre las leyes que pretende aprobar el Gobierno aragonés este año figura una que presenta la Consejería de Hacienda para poner un impuesto a las bebidas azucaradas. Esta medida, que algunos países aplican como medida para disuasir de su consumo , fue descartada por el Ejecutivo anterior, pero en esta nueva legislatura entra dentro de los planes del Gobierno. En España, el Ejecutivo catalán la aprobó en el 2017, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la anuló este año tras ser recurrida por diversas empresas de distribución que consideraban que era una medida que les perjudicaba. No obstante, el Gobierno catalán la continúa aplicando tras blindarla a través de un decreto-ley el pasado mes de septiembre. En poco más de dos años, en Cataluña se han recaudado más de 70 millones de euros. Si bien en Aragón se descartó la aplicación de este impuesto, el Ejecutivo sí la incluye este año entre sus previsiones. Este impuesto, similar al que penaliza otros consumos, como el del alcohol o el tabaco por los perjuicios que puede ocasionar en la salud, intenta disuadir del consumo abusivo de azucar.
