El área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza no mediará directamente con los vendedores ilegales del rastro de la Expo. Y tampoco cumplirá la moción aprobada en el pleno para que los servicios sociales los evalúen. La concejala de Derechos Sociales, Luisa Broto, explicó ayer que no será así porque la situación requiere de un trabajo integral de varias áreas del consistorio y, además, no pueden obligar a nadie a que acuda a los servicios sociales. «Su entrada es libre y no podemos obligar a nadie», señaló.
Las portavoces del PP y PSOE, Reyes Campillo y Lola Campos, respectivamente, exigieron a Broto que se implique en este asunto y busque soluciones. «Vaya al rastro y dígale a esa gente que tiene un punto de entrada, infórmeles», le instó Campillo que criticó que la Acción Social cada día está «peor». Según Campillo, ha aumentado el número de asentamientos chabolistas, los espacios ocupados y las peticiones de ayudas de urgencia. «Hay un problema social y no lo quiere ver», sentenció.
Por su parte, Campos habló de un «estacionamiento integral porque están quietos sin hacer nada en el rastro», aseguró, donde «existe un conflicto con vendedores».
Para la vicealcaldesa, las medidas que se tomen no deben nunca «estigmatizar» a aquellos que venden elementos para «sobrevivir», ni se puede obligar a nadie a que acuda a un centro social en busca de ayuda.
«El abordaje de este asunto se tiene que hacer desde todos los ámbitos posibles», indicó. Además, señaló que es posible que muchas de las personas que se dedican a la venta ilegal puede que ya estén dentro del sistema pero que busquen un complemento económico a las ayudas que reciben.
La oposición lleva meses solicitando una actuación contundente en el rastro de Zaragoza, donde ha proliferado el número de vendedores ilegales. Además, solicitan que se tramiten las multas, algo que ZeC ha descartado realizar por su inviabilidad de cobraralas.
