El derribo de la casa azul podría retrasarse. Algunos de los vecinos han realizado un requerimiento notarial para que no se ejecute todavía, ya que "este ha sido firmado sin el consenso de todos los afectados y sin la legitimidad necesaria".

Una quincena de familias propietarias de viviendas y locales de la casa azul se reunieron ayer para protestar por la forma en que se están realizando las gestiones sobre el inmueble, después de que el pasado 10 de noviembre fuera engullido por una sima. La inconformidad de estos vecinos, que representan aproximadamente el 25 % del total, parte del pasado sábado 3 de abril, durante una reunión en que se debían firmar los poderes de constitución de una comunidad de bienes.

Algunos de los afectados se negaron a firmar la escritura de poder por considerar que algunas de las cláusulas que se señalaban eran "abusivas". La escritura daba facultades al presidente de la comunidad, Juan José Langa, para que con otro cualquiera de los seis componentes de la Junta tomara las decisiones pertinentes en cuanto al derribo y construcción del nuevo inmueble. Poco menos, según explicaron varios de los afectados, que convertirlo en el "promotor del nuevo bloque de pisos". La disconformidad y la demanda de información de algunos de los asistentes produjeron que la reunión discurriera en un clima de crispación, gritos, e insultos, según ha podido conocer EL PERIODICO.

Incluso una de las personas designadas para formar parte de la junta, renunció a esta posibilidad por no estar de acuerdo con las decisiones que se estaban adoptando. Sólo unos días antes de la firma del poder, los miembros de la Junta recibieron un contrato en el que el presidente de la comunidad y uno de los miembros de la junta --en virtud de las facultades otorgadas por un poder que todavía no había sido sometido a la aprobación de los vecinos-- acordaban el arrendamiento de los servicios administrativos y jurídicos.

Según este contrato, los dos colegiados recibirían el 10% del importe total de todas las cantidades que incidieran en el coste definitivo de la promoción incluyendo la demolición, ejecución, permisos o impuestos, entre otros conceptos.