Irene Gimeno, la zaragozana que el pasado viernes fue desalojada de su vivienda en Santa Isabel, ha encontrado una nueva vivienda en la que podrá residir desde este mismo fin de semana, en régimen de alquiler social.

La intervención de la plataforma Stop Desahucios no bastó para impedir su desahucio, con intervención policial y varios heridos de por medio; pero sí han logrado que la sociedad municipal Zaragoza Vivienda le ofrezca uno de sus inmuebles, al acogerse al convenio de la DGA, la FAMCP y el Consejo General del Poder Judicial para personas en riesgo de exclusión. Gimeno padece una discapacidad mental del 34%.

La mujer se mostró ayer contenta con la adjudicación, y sobre todo "muy emocionada" con las "muchas muestras de solidaridad" que ha recibido. La vivienda, céntrica, le permitirá mantener su independencia y, si la nueva dueña de su anterior piso no incumple su palabra, podrá recoger sus cosas el sábado.

Gimeno y su abogado, Fernando Díaz, sostienen que la mujer fue víctima de una estafa financiera, por la que la prestamista le dio menos dinero del pactado y puso como garantía su casa, por la que la dejó sin ella y con una deuda de entre 20.000 y 40.000 euros. Los juzgados han archivado su caso, ya que como en tantos otros la única prueba son los documentos firmados ante notario, y aparentemente son correctos. Aún así, la mujer intentará reabrir la causa, a través de la asociación de afectados por este tipo de prácticas de financieras, Adevif.

PARALIZADO No fue la única buena noticia del día para Stop Desahucios. El desalojo previsto para hoy en el barrio Oliver ha sido suspendido, después de que la propietaria de la vivienda, Fincas Atlanta --propiedad del empresario Eduardo Lacasta, imputado por descapitalizar la empresa--, se aviniera a ello.

La familia de David, con mujer y dos hijos, no tendrá que abandonar hoy su vivienda, después de que la ejecutante del desalojo haya aceptado que entren en el convenio por riesgo de exclusión. Contando con ello, el Juzgado de Primera Instancia número 19 de Zaragoza acordó la suspensión del desalojo. La familia tendrá tiempo así de buscarles otra vivienda con alquiler social.

Stop Desahucios se congratuló de la decisión pero recordó que de las 2.400 solicitudes de vivienda de alquiler social que la DGA ha recibido desde el pasado verano, 190 eran de personas que consiguieron la dación en pago y no entran en el convenio.