La Policía nacional ha llevado a cabo a primera hora de esta mañana el desahucio de Esperanza, una mujer de 42 años, y sus tres hijos menores de edad del piso que ocupaban ilegalmente en un edificio del barrio de Torrero propiedad de la sociedad semipública Sareb, el llamado banco malo. Stop Desahucios ha denunciado la situación de vulnerabilidad en que se deja a esta familia "al carecer de una alternativa habitacional".

El colectivo ha asegurado que el Gobierno de Aragón está obligado por ley a ofrecer una alternativa, algo que niegan desde la DGA al tratarse de un caso de desahucio por precario, es decir, el desalojo de una vivienda cuando una o varias personas se encuentran residiendo en ella sin tener la propiedad ni pagar ninguna compensación a cambio en concepto de alquiler.

La vivienda se encuentra situada en un bloque de la calle Orense de Zaragoza que está ocupado desde hace cuatro o cinco años. El desahucio, que proviene de una orden judicial instada por la Sareb, ya se intentó realizar el pasado 26 de junio, pero los activistas de Stop Desahucios lo paralizaron. Este colectivo llevada varias semanas con un “dispositivo de apoyo” para disuadir que se ejecutara el proceso y “proteger” así a esta familia.

REUNIÓN CON CHA, QUE DIRIGE LAS COMPETENCIAS DE VIVIENDA

"No somos un ejercito y aprovechado cuando solo había cuatro o cinco jóvenes para hacerlo, haciendo uso de la fuerza y de muy malas maneras”, ha explicado Pablo Hijar, portavoz de este movimiento y exconcejal de Zaragoza en Común en la pasada legislatura. Ha denunciado además que la Sareb ha incumplido el “compromiso de realojo” que adquirió a través de la oficina de vivienda municipal hace ya dos años, de manera que Esperana y sus tres hijos -uno de ellos con una discapacidad reconocida del 50%- “se queden en la calle”.

Miembros de Stop Desahucios va a reunirse a lo largo de la mañana de este martes con representantes de CHA en las Cortes de Aragón. Fuentes del partido aseguran que el pasado se les invitó a mantener un encuentro ayer, “pero no lo hicieron”.

RESPUESTA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

Desde la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón, que ostenta este mismo partido, precisaron que "se da solución habitacional a aquellos casos de desahucio en los que los inquilinos se ven en una situación de desahucio bien por no poder pagar la hipoteca o bien porque no se puede pagar el alquiler” y aseguraron que Stop Desahucios “no se ha puesto en contacto de manera directa con el Gobierno de Aragón”.

En los últimos años, recuerdan, se han tramitado un total de 800 casos. “No se pueden regularizar las situaciones en las que la ocupación de la vivienda no se sustenta sobre ninguna base legal”, apuntaron desde Vivienda.