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LA DESCabonización ENERGÉTICA

Andorra ha captado 43 millones en ayudas al carbón con Ribera en el ministerio

La vicepresidenta promete crear al menos 504 empleos, los mismos que se perdieron en las minas y la térmica. Garantiza el futuro de la zona con un convenio de transición justa «de acciones y no de intenciones»

 

La vicepresidente y ministra Teresa Ribera charla con el presidente Pedro Sánchez este martes en el Senado. - SENADO

J. HERAS PASTOR
23/02/2021

El convenio de transición justa de Andorra no acaba de ver la luz por diferentes vicisitudes, pero el Gobierno de España no ha estado de brazos cruzados ante la crisis que sufre la zona por el fin de la industria del carbón, que era su principal sustento económico y laboral. Este es el mensaje que trató de lanzar este martes por la tarde la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera, durante su comparecencia en el Senado por una interpelación formulada por el senador de Teruel Existe Joaquin Egea. Apoyó su tesis en datos y en un repaso de las actuaciones llevadas a cabo desde que, en junio del 2018, se puso al frente de la cartera energética y medioambiental. Han pasado ya dos años y medio de ello y, desde entonces, se han concedido 43 millones de euros en ayudas a la villa minera y 33 municipios de su entorno para paliar el impacto socioeconómico de la descarbonización, unos fondos que ayudarán, dijo, a crear 294 empleos y a mantener 338 puestos de trabajo.

La cifra incluye las ayudas directas de 12,4 millones destinadas a trabajadores de la minería, en concepto de prejubilaciones y bajas incentivadas, y la formación en desmantelamiento realizada por Endesa en colaboración con organizaciones sindicales, la DGA y el Ayuntamiento de Andorra. En los cursos han participado 150 trabajadores directos y de empresas auxiliares de la térmica de carbón, que se cerró hace ya siete meses, y hay programadas dos nuevas ediciones.

Otra parte importante de la cuantía se ha destinado a las tareas de clausura y restauración. Las empresas mineras aragonesas —Samca, fundamentalmente— han recibido ayudas por un importe de 18 millones de euros, que «contribuyen a mantener 119 empleos en el periodo 2019-2022», apuntó. La cifra podría aumentar si se resuelve favorablemente la solicitud de ayuda a una empresa local que la solicitó en la convocatoria que terminó el pasado 21 de diciembre.

El tercer pilar de las ayudas destinadas a la zona corresponde a los 12 millones de euros que el Instituto para la Transición Justa (ITJ) concedió a finales del pasado año a los municipios aragoneses afectados por el cierre de las minas, que permitirán financiar el 75% de 24 proyectos de infraestructuras que movilizarán inversiones por valor de 16,1 millones de euros y crearán 211 puestos de trabajo. El 25% restante (4,1 millones) lo aporta la DGA. En este caso, se trata de unos fondos que ya venían contemplados en el plan del Carbón 2013-2018, pero que el Ejecutivo de Mariano Rajoy dejó sin ejecutar y han estado a punto de perderse.

Próximos pasos para la transición justa

Por otra parte, la vicepresidenta Ribera reafirmó el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la transición justa de las comarcas del norte de Teruel afectadas por el cierre de la térmica de Andorra, en lo que definió «un esfuerzo colectivo sin precedentes para crear y fijar empleo, atraer inversión para dinamizar, diversificar y restaurar las economías» de la antigua zona minera. El ministerio, a través del ITJ, está elaborando el convenio de Andorra-Sierra de Arcos, un planta de reactivación socioeconómica cuya firma anuncio Ribera hace ya dos años en una visita a la zona. Será un «un documento de acciones y no de intenciones», en palabras de la vicepresidenta, que destacó que está siendo elaborado a partir de la participación y la consulta social. «Se trata de un proceso serio, profundo y riguroso que busca construir alternativas de futuro sólidas», remarcó.

Aunque no precisó las razones de la demora en la puesta en marcha del plan, fuentes del Miteco lo justificaron en parte por la ralentización de los trabajos por los efectos de la pandemia y aluden ahora también a un «nuevo enfoque» del proyecto para ganar eficacia en su ejecución.

El compromiso del ministerio es crear, al menos, el mismo número de empleos que estarían potencialmente afectados por cese de la actividad minera y energética, estimados en 504. La mayor parte de este excedente de trabajadores no acabó en la calle, ya que corresponden a actualmente a trabajadores prejubilados de las minas y la central, empleados recolocados en las tareas de restauración o en formación profesional para incorporarse a los labores de desmantelamiento de la térmica que empiezan esta semana.

Intervención de Teruel Existe

Por su parte, Egea reprochó a Ribera que si bien en el 2012 se anunció el cierre de la central que se haría efectivo en 2018, en su visita a Andorra en diciembre de ese año, «aseguró que no autorizaría el cierre de la térmica sin un plan que garantizase que nadie se quedaba atrás», mientras que «los afectados siguen esperando, dos años después, promesas que nunca llegaron».

También defendió que la transición justa no debe conformarse con recolocar a los trabajadores directamente afectados por el cierre de la central, sino que debe ayudar a modificar y diversificar el modelo productivo de todas las comarcas que están afectadas por su cierre.

Por todo ello, además de mencionar lo que supone en materia de despoblación, Egea pidió a la vicepresidenta que el Gobierno ponga «toda la carne en el asador para permitir que haya un futuro para sus habitantes».

Nuevas ayudas

El Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), ha puesto en marcha una línea de ayudas por 7 millones de euros municipios afectados por el cierre de centrales térmicas. El objetivo es apoyar iniciativas que tengan como objetivo la creación de empleo sostenible y el fomento de la actividad económica. Tres municipios turolenses (Ejulve, Híjar y Albalate del Arzobispo) han presentado siete proyectos a esta convocatoria, que se resolverá en las próximas semanas. 

El pasado 29 de diciembre se publicó la orden de bases reguladoras para la concesión de ayudas por valor de 20 millones dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo en zona en transición energétcia y otro paquete de ayudas de 7 millones para pequeñas iniciativas de inversión a las que podrán optar las empresas y los emprendedores aragoneses.   

Para asegurar la continuidad del apoyo a la iniciativa privada, el ITJ trabaja en el diseño de una línea adicional de ayudas para pymes que cuenta, en el 2021, con una dotación de 30 millones de los Presupuestos Generales del Estado.

A propuesta del ministerio, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia contempla 300 millones adicionales en ayudas específicas para las zonas en transición energética. En concreto, desarrolla una nueva línea de trabajo que incluye una financiación de 100 millones durante 3 años para infraestructuras municipales, sociales y ambientales.

De estas nuevas oportunidades de apoyo podrán beneficiarse las 99 iniciativas que se han captado a través del periodo participativo que se inició el pasado 27 de febrero como parte del proceso de elaboración del convenio de transición justa para la comarca Andorra-Sierra de Arcos. 

Prioridad en renovables, eficiencia e hidrógeno

Por otra parte, el ministerio trabaja en la creación de nuevas herramientas que generen nuevas oportunidades para las zonas en transición justa, de forma que sean consideradas como zonas prioritarias en el ámbito de las energías renovables. Es el caso de los nudos de capacidad de acceso de evacuación a la red de transporte eléctrico como el de la térmica de Andorra, que ha quedado liberado con el cierre.

Este activo será un elemento clave para el convenio de transición justa de la zona, que será adjudicado mediante concurso a los mejores proyectos para el territorio en términos ambientales, económicos y sociales. Esta iniciativa ya ha superado la fase de consulta pública previa y está previsto que la orden que regula el concurso de nudos de Andorra se publique la segunda quincena de mayo.  

También la convocatoria del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) da prioridad a las zonas de transición justa en sus ayudas a proyectos de energías renovables y en colaboración del Gobierno de Aragón se han adjudicado más de 4,6 millones para instalaciones eléctricas y 4,2 millones para instalaciones térmicas renovables. De igual forma, los nuevos instrumentos de política energéticas como la Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable y la Estrategia de Almacenamiento tienen en cuentas las zonas en transición para albergar iniciativas

 
 
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