El Tribunal de la Contratación ha desestimado el recurso presentado por la Asociación de Empresarios de Hostelería de Aragón (APEHA) contra el concurso público de servicios de hostelería en el Auditorio de Zaragoza.

Según ha informado el Ayuntamiento de la capital aragonesa en un comunicado, el Tribunal refrenda así el "rigor y la corrección de los criterios" recogidos en el pliego de condiciones elaborado por el consistorio y "no ve razones jurídicas para paralizar el proceso de contratación iniciado, o realizar modificación alguna en el procedimiento administrativo en marcha".

Tras conocer esta decisión, el consejero de Cultura del Ayuntamiento, Jerónimo Blasco, ha exigido al concejal del grupo municipal del Partido Popular Julio Calvo, así como al líder de su partido, Eloy Suárez, que presente "excusas públicas o su dimisión" por los calificativos que dirigió contra él, el pasado 6 de junio, en los que le tachaba de "terrorista administrativo".

"Llamar a otro concejal 'terrorista administrativo' traspasa cualquier línea del juego político y supone su inhabilitación para ocupar cualquier cargo de representante público a los ojos de cualquier ciudadano", ha afirmado Blasco.

El consejero ha hecho extensiva la solicitud de excusas públicas y de dimisión a Suárez, quien solicitó la investigación de todos los contratos impulsados y realizados desde el área de Cultura.

Hoy, el Tribunal de la Contratación ha avalado la corrección administrativa con la que el Ayuntamiento de Zaragoza ha llevado a cabo el procedimiento de contratación, ha anulado la suspensión cautelar que había decretado a comienzos del mes de junio y da luz verde al consistorio para continuar con el proceso de contratación tal y como venía desarrollándose.

El concurso de servicios de hostelería del Auditorio, al que se presentaron dos empresas y que se encuentra todavía en fase de licitación, quedó administrativamente paralizado el pasado 5 de junio como medida preventiva ante el recurso presentado por APEHA.

Dos semanas después, a la luz del estudio del contenido del recurso y de la actuación del Ayuntamiento en el procedimiento, el Tribunal "no ha encontrado argumentos jurídicos que justifiquen cualquier cambio o modificación del mismo y ha comunicado al Ayuntamiento su decisión de que continúe con el proceso de contratación abierto".

"Desde el principio defendimos que habíamos actuado respecto a derecho, en el marco jurídico legal, y que creíamos haber hecho las cosas bien, aunque a la vez entendíamos que el Tribunal decretara la suspensión cautelar del procedimiento ante la presentación de un recurso", ha declarado Blasco.

Sin embargo, el Partido Popular "optó inmediatamente por tratar de aprovechar políticamente la suspensión para manchar a este Gobierno, arrojar dudas sobre su comportamiento y sugerir trato de favor", ha agregado.

"Esta sentencia no solo no viene a darnos la razón en el litigio sino también a descubrir públicamente las vergüenzas y las miserias con la que el grupo político popular pretende hacer oposición, descalificando y aprovechando el más mínimo pretexto, aun sin base real, para deslegitimarnos", ha añadido Blasco.