El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca ha desestimado todos los recursos interpuestos por las partes personadas contra el cierre de las investigaciones en torno a la denuncia por la destrucción de la Cueva de Chaves, uno de los yacimientos neolíticos más importantes del país.
Con su decisión, el juez mantiene en todos sus términos el auto que dictó el pasado 13 de octubre, en el que apuntaba a la existencia de indicios de un presunto delito contra el patrimonio en la conducta del empresario leonés del carbón Victorino Alonso como supuesto autor de la destrucción del yacimiento, ubicado en el coto de caza de Bastarás, en la Sierra de Guara.
El auto rechazaba la imputación de los administradores de la sociedad gestora del coto, Fimbas SA, y de la empresa que realizó los trabajos que provocaron la destrucción del yacimiento, Ferpi, no planteaba su inclusión como responsables civiles subsidiarias en el pago de posibles indemnizaciones y no valoraba la existencia de un delito medioambiental.
En respuesta al primero de los recursos planteados, el presentado por la defensa del empresario, que solicita el sobreseimiento de la causa al no apreciar indicios de criminalidad, el responsable judicial considera que existen "elementos suficientes" para su imputación por un presunto delito contra el patrimonio, tanto a nivel testificar como documental.
Descarta, asimismo, los recursos presentados por Ecologistas en Acción, Apudepa (Asociación para la Defensa del Patrimonio Aragonés) y Fiscalía para solicitar la imputación de los administradores únicos de Fimbas y Ferpi al entender que ni uno ni otro tenían un "real poder" de decisión.
También rechaza la imputación de Fimbas y Ferpi como personas jurídicas en la causa tras argumentar que cuando se produjeron los hechos denunciados no estaba en vigor la modificación del Código Penal que posibilita su imputabilidad en una causa penal.
El juez tampoco admite la imputación de un delito contra el medioambiente, solicitada por Ecologistas en Acción, Apudepa, Gobierno de Aragón y Fiscalía, y argumenta que el proceso se inició por una denuncia del ministerio público relativa a un delito contra el patrimonio histórico, con daños que el responsable judicial valora en 14 millones de euros y que el Ejecutivo regional eleva a 50 millones.
Argumenta el instructor que los recursos no sólo no concretan en qué medida se produjo una afección grave al entorno natural de la Cueva de Chaves, sino que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil tampoco los pudo precisar.
El juez informa a las partes en su parte dispositiva de la posibilidad de recurrir su decisión en apelación ante la Audiencia de Huesca, antes de formular sus respectivos escritos de acusación o defensa previos a la apertura de juicio oral.
La Cueva de Chaves fue destruida casi en su totalidad en octubre de 2007 para la habilitación de unas instalaciones cinegéticas destinadas al cuidado de las piezas de caza que era introducidas en el coto, hechos que fueron denunciados en 2009 por la Fiscalía de Huesca a instancias del Gobierno aragonés.
Chaves era un yacimiento arqueológico de referencia a nivel nacional para la etapa del neolítico, enclavado dentro del entorno del Bien de Interés Cultural de las cuevas de Solencio.
