La Policía ha desmantelado en las últimas semanas dos redes relacionadas con la inmigración clandestina, en concreto con la contratación fraudulenta de trabajadores, en la provincia de Zaragoza. Las operaciones Los Alpes y Ortensia han permitido el arresto de 22 personas (14 en la primera y ocho en la segunda), aunque la brigada de Extranjería no descarta nuevos arrestos. Por el momento, todos han quedado en libertad.
La primera operación, cronológicamente, fue la bautizada como Los Alpes, cuyas pesquisas comenzaron en enero. La Policía detectó que el propietario de una gestoría zaragozana se dedicaba a facilitar contratos de trabajo a ciudadanos senegaleses, en empresas que, según detectaron, no tenían capacidad económica para contratarles.
Con el avance de la investigación, la Policía determinó que el gestor cobraba a los inmigrantes en situación irregular cantidades de entre 200 y 1.500 euros por conseguirles permisos de residencia a través de un contrato en las empresas que regentaba.
Entre estas, algunas actuaban en connivencia con él --para acceder a subvenciones por contratar trabajadores-- y otras sin saberlo, ya que el gestor falsificaba su documentación y ponía su propia dirección para que, de haber algún aviso sobre el trámite de Extranjería, llegase a su despacho. En los últimos 15 días, los agentes han detenido a cuatro empresarios españolas y 10 falsos trabajadores senegaleses.
La operación Ortensia, por su parte, se desarrolló desde marzo en la ciudad de Caspe y alrededores. La brigada de Extranjería descubrió una red de captación de trabajadores paquistanís para labores agrícolas, que se ha desmantelado con el arresto de seis españoles y dos capataces de dicha nacionalidad.
En unos casos, los patrones pedían entre 3.000 y 4.000 euros a los extranjeros en situación irregular por el contrato; en otros, los propios capataces paquistaníes contactaban con compatriotas en su país y les cobraban bastante más --entre 12.000 y 16.000 euros-- para tramitar su viaje. Tras tener que vender, en ocasiones, su casa y posesiones en Paquistán, los trabajadores llegaban con una deuda que debían pagar en sucesivos recortes en el jornal.
Los responsables de las explotaciones agrícolas, según determinó la Policía tras inspeccionar tres fincas junto a Inspección de Trabajo, eran conscientes de estos cobros y se beneficiaban de las reducciones en la nómina.
